(Argentina) El evento que además de tratar las cuestiones referidas a la función pública y la calidad de la gestión, comprenderá las alternativas para impulsar la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el Modelo Iberoamericano de Software Público. La base de esta propuesta es un trabajo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

La declaración tiene la virtud de reconocer a las políticas tecnológicas y a su gestión vinculadas con la educación en función al desarrollo económico, la equidad y la inclusión social en toda América latina.

Al conjunto de experiencias educativas que cobraron especial resonancia recientemente tras el impulso de modelos “Un alumno, una computadora (1:1)” en la región, otro de los principales objetivos del Consenso de Buenos Aires es la articulación y la generación de diagnósticos comparados en América latina para lograr “los arreglos institucionales” en los estados nacionales y “fortalecer la profesionalización de la función pública” alrededor de la órbita estatal iberoamericana.

Para lograr una integración regional en materia política y económica los gobiernos tendrán que convenir fundamentos básicos de intercomunicación aceptados en forma colectiva que permitan generar una oferta de nuevos servicios públicos y mejorar así la calidad de la gestión pública.

El “Modelo de Software Público” puesto a consideración entre los funcionarios y que será debatido por las correspondientes delegaciones en noviembre, incluye una serie de principios para las políticas de gobierno electrónico.

Entre ellos se destaca el “principio de adecuación tecnológica” y se recomienda “el uso de estándares abiertos y de software libre”. Los motivos que se argumentan son “en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado”.

Los gobiernos en el uso de tecnología en las administraciones públicas “deben ser capaces de facilitar el ofrecimiento de servicios públicos y fomentar la democracia aumentando la transparencia en la ejecución de políticas públicas y la mejora de los servicios al ciudadano”.

Sin embargo, “el costo de esas soluciones la mayoría de las veces es elevado en comparación con el poder de compra de los gobiernos nacionales, más aún con el de los gobiernos locales, principalmente si esas soluciones se basan en software propietario, incluyendo sistemas cuyas licencias pueden costar anualmente centenas de millares de dólares”.