(Brasil) El nuevo Plan general de Metas de Universalización (PGMU) aprobado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), para el período comprendido entre 2010 y 2015, tendrá un costo de 1.216 millones de dólares. El objetivo es aumentar progresivamente la oferta de líneas telefónicas individuales y públicas para reducir la desigualdad de acceso al servicio entre la población y llegar a las comunidades que no tienen teléfono.
El plan está dirigido sólo a las empresas de telefonía fija, es decir Embratel, Oi, Brasil Telecom, CTBC y Sercomtel y será efectivo el 1 de enero de 2011.
Las nuevas ampliaciones incluyen la instalación de nuevos teléfonos públicos en alrededor de 79.000 escuelas, 14.200 centros de salud en zonas rurales, 8.900 en asentamientos de trabajadores rurales, 4.366 aldeas indígenas, 1.622 puestos de las Fuerzas Armadas y 209 de la Policía de tránsito, entre otros sitios. Además, se instituye que haya 4,5 teléfonos públicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 6 cada 1.000 que hoy en día estaba establecido.
Del total, aproximadamente 985,5 millones de dólares corresponden a la ampliación de Backhaul, a los que se agregarán 231,6 millones de dólares por comercialización de servicios. Para cubrir estos montos, el ente regulador informó que las empresas Oi y Embratel son las que deberán desembolsar recursos propios para poder cumplir con las nuevas metas (440 y 65 millones de dólares respectivamente).
La realidad de Embratel y Oi difieren radicalmente con la de Telefónica, por ejemplo. Al operar como concesionaria sólo en el Estado de São Paulo, la compañía tiene un gasto por metas de universalización de 48,3 millones de dólares, pero el ahorro por la reducción del número de teléfonos públicos y la explotación potencial del backhaul suman cerca de 115,7 millones de dólares) El caso de CTBC y Sercomtel es similar, sólo que con valores más reducidos debido a que se tratan de concesiones geográficamente menores.
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