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Cuando el pasado 13 de febrero el board (consejo) de la asociación GSMA acordó cancelar la edición de 2020 del Mobile World Congress (MWC), después de una reunión de sólo 50 minutos, muchas cosas se pusieron de repente en cuestión en un certamen que ha dejado más de 5.000 millones de euros en la Ciudad Condal desde su aterrizaje en 2006.

Un detalle muy significativo de esa tarde convulsa fue que con la decisión tomada antes de las tres -el cónclave se había iniciado a las 14:00 horas- se tardasen cinco horas más, hasta casi las 8 de la noche, en comunicar la decisión oficial. Y eso fue así porque una parte muy importante de ese tiempo se empleó en el empeño por parte de GSMA de intentar convencer a los tres socios institucionales -Gobierno Central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona- de la conveniencia de que ayudasen en la cancelación declarando que ésta se hacía por fuerza mayor al no poder garantizar la seguridad de los visitantes. Ésa porfía tenía una importancia inmensa para GSMA, porque la organización sabía que la cancelación podía dar lugar a reclamaciones multimillonarias no sólo por parte de las empresas expositoras sino de todo tipo de proveedores. Si España apuntalaba el argumento de la “fuerza mayor” todo se facilitaba, desde el cobro de seguros a la no devolución de las cantidades adelantadas.

Y es que el verdadero problema -y el que está detrás de la magnánima decisión de Telefónica- es que no está claro que, en la peor de las hipótesis en cuanto a reclamaciones, la GSMA tenga capacidad financiera para hacerles frente en su totalidad. De hecho, algunos expertos consultados entre los asociados a la patronal consideran que la organizadora del Mobile World Congress podría ir a la bancarrota en ese caso.

No se trataría de un problema inmediato porque, previsiblemente, ante la negativa de GSMA a devolver las cantidades adelantadas o compensar gastos cometidos por exhibidores o proveedores, como está sucediendo, el asunto se va a convertir en un marasmo judicial de demandas y apelaciones que tardará años en resolverse.

Además, juega a su favor la naturaleza dual de GSMA, ya que es en realidad dos instituciones diferentes. La primera es una asociación que engloba a unos 750 operadores de telecomunicaciones y otras 400 empresas del ecosistema móvil, incluyendo a los grandes proveedores, que está presidida por Stéphane Richard, CEO de Orange. Esta asociación tiene, a su vez, una filial, GSMA Ltd, que es la organizadora del MWC y de la que John Hoffman es el consejero delegado.

Por eso muchos socios de la GSMA consideran que si realmente se concita un consenso sobre la importancia de mantener el MWC -algo que no está claro, porque cuando un congreso tan grande se suspende y el mundo sigue girando, siempre existe la tentación de dejarlo correr- no será difícil encontrar los recursos, aunque sea mediante aportaciones directas de sus asociados, en una especie de gigantesca derrama, para volver a poner a GSMA y a su multimillonario congreso a flote.

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