Juan Gnius, analista y consultor TIC
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La aprobación de la fusión Cablevisión/Telecom y la media sanción del Senado a la “ley corta TIC” comienzan a perfilar un mercado de servicios convergentes, que dependerá de cercanías políticas, inversiones y una etapa de consolidación.

El 4 de julio el Senado aprobó el proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC, comúnmente denominado Ley Corta. Se trata de un texto que modifica la Ley 27.078 Argentina Digital (diciembre 2014) y la Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Ley de Medios”, de octubre 2009), previamente cambiadas por Decretos de Necesidad y Urgencia. Los DNU podaron el espíritu de ambas leyes y deshicieron el ente regulador que emanaba de los textos aprobados por el Congreso. Esto ya es historia.

La Ley Corta, además, deja en el abandono las iniciales intenciones del Gobierno de formular una Ley de Comunicaciones Convergentes. Para este fin se había conformado una comisión redactora. Las últimas noticias sobre la ley datan de diciembre de 2017, cuando el gobierno extendió –nuevamente- por 180 días (vencidos en junio de 2018) la presentación del anteproyecto. En enero de este año, Andrés Gil Domínguez, miembro de la comisión redactora de la nueva ley, publicó en su blog el supuesto texto el Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. A la luz de los tiempos políticos y la Ley Corta, esto también es historia.

A futuro, la Ley Corta deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, aunque los debates que figuran en agenda –el Presupuesto Nacional, entre otros- dificultan una estimación de los tiempos en que será tratada.

Los cambios

El Senado introdujo cambios al texto original del Ejecutivo. El más importante es el que posterga el ingreso de los operadores de servicios telefónicos (fijos y móviles) al mercado de TV paga por satélite (DTH).

  • El 1 enero de 2019 se habilita el 4Play, siempre y cuando la oferta de TV paga sea por “vínculo físico”, es decir, cable o fibra óptica. Esto ya estaba en la ley anterior.
  • El 1 de julio 2020 se habilita TV paga por satélite (DTH) a todos en ciudad de Córdoba, Rosario y Ciudad de Buenos Aires y alrededores (AMBA).
  • El 1 de enero de 2021 se habilita el DTH en todo el país con excepción de las ciudades con menos de 100.000 habitantes, donde se podrá ofrecer el servicio a partir del 1 de enero de 2022.

Estos dos últimos puntos buscan proteger a los operadores pequeños y cooperativas. Sin embargo su postulado puede ser de muy difícil cumplimiento teniendo en cuenta la propia tecnología satelital. Cualquier persona puede adquirir una antena fuera de las “áreas protegidas” y receptar la señal en esas zonas donde aun no se permitiera el DTH. Por supuesto que sería una práctica que rondaría lo ilegal y desde luego no se alienta desde estas líneas, pero sería de difícil detección incluso para los propios operadores.

El proyecto del Senado también contempla la compartición de infraestructura pasiva (torres, postes, ductos), tanto de los prestadores de servicios TIC como de prestadores o concesionarios de otros servicios públicos (electricidad, agua, gas). En ambos casos, los convenios deberán registrarse ante el regulador ENACOM para su homologación y publicación. A su vez, los conflictos que pudieren surgir serán resueltos por el regulador. Esto ya estaba previsto en el original del Ejecutivo.

Un punto interesante es el artículo 11, que dice que el ENACOM “asignará en forma directa a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”. A su vez, el regulador “otorgará participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados…Dicha participación no podrá ser menor al treinta por ciento (30%) de las frecuencias del Anexo II.”

ANEXO II

En síntesis, la Ley Corta abarca tres grandes ejes: DTH (4Play), compartición de infraestructura y posibilidad de espectro regional y/o local.

Diferentes niveles de competencia

A grandes rasgos, puede interpretarse que cada uno de los ejes de la Ley Corta apunta primordialmente a diferentes envergaduras de operadores.

La posibilidad de ofrecer DTH para las telefónicas, léase principalmente Telefónica y Claro, puede entenderse como un equilibrio frente a la fusión Cablevisión/Telecom, aunque los tiempos de habilitación para el DTH juegan en contra del mismo servicio. Hace aproximadamente una década, los operadores utilizaban el DTH como una forma de fidelizar sus abonados de banda ancha fija, como Telefónica en Chile por caso. En la actualidad, la fidelización de clientes requiere otras alternativas, más allá de la escasa competencia que existe en el mercado de banda ancha fija en Argentina. Las redes prácticamente no se superponen –el mayor caso es el de Cablevisión y Telecom en algunas provincias, aunque estas empresas ya se fusionaron y como consecuencia Telecom vendió 147.000 abonados- y las prácticas de “unbundling” son inexistentes. La competencia se dará básicamente entre cableros y telefónicas.

“La Ley Corta abarca tres grandes ejes: DTH (4Play), compartición de infraestructura y posibilidad de espectro regional y/o local. Cada uno de ellos apunta primordialmente a diferentes envergaduras de operadores.”

En este escenario debe notarse que la Argentina cuenta en la actualidad con altos índices de penetración por hogar (68,8%, de acuerdo con ENACOM), lo que de por sí representa una barrera para los nuevos jugadores.

Además, los hábitos de consumo de contenido audiovisual han cambiado radicalmente durante los últimos años, a partir del auge de las plataformas del estilo Netflix y YouTube. A su vez, también mutó dónde se ve video: del televisor hogareño se pasó a los smartphones. El crecimiento de consumo de video “online” es un hecho. El Visual Networking Index de Cisco estima que para 2021, el 82 % de todo el tráfico global IP corresponderá a video IP, de un 73 % de 2016.

También han resultado infructuosas las ventas atadas de DTH con servicios móviles. Es complejo conjugar servicios personales (móviles) con hogareños. Las experiencias internacionales demuestran esta complejidad, tal el caso de Movistar en Venezuela. Esta situación llevó a que el operador desistiera de lanzar DTH en México.

En este escenario, Telefónica apunta a reconvertir sus redes de cobre en fibra óptica y así ofrecer mayores velocidades que posibiliten la entrega de contenidos audiovisuales. Aunque la reconversión es veloz, solo el 22,3% de su base –que decrece- cuenta con acceso de fibra óptica. Y reconvertir implica no extender alcance geográfico.

Claro, en tanto, promueve con precios agresivos sus servicios fijos tanto en 2Play como en 3Play en zonas del Gran Buenos Aires y algunas provincias del país, una cobertura muy reducida. El 3Play es ofrecido a modo de prueba.

La situación de Claro y Telefónica frente a Cablevisión/Telecom es, de momento, de debilidad tanto tecnológica como estratégica.Cablevisión/Telecom ya comenzó con ofertas para quienes sean clientes de Fibertel (banda ancha) y Personal (móvil) de contenidos (Flow, una aplicación OTT de video) durante la Copa FIFA Rusia 2018, y de capacidad (regalo de 10 GB) durante el mes de julio. Cabe destacar que la primera promoción viola las reglas de neutralidad de red, aunque pasó desapercibido para el regulador.

En este escenario no puede descartarse que tanto Claro como Telefónica busquen adquirir jugadores de TV por cable u otros operadores con redes desplegadas. A mediados de julio, Supercanal, el cuarto operador de TV paga en Argentina (unos 450.000 abonados) fue vendido a CVI Austral, un fondo conformado por Carval, White-Bridge e Icondor, todos inversores. Las cifras hablan de US$ 400 millones, que incluyen compromisos de inversión en infraestructura. Queda la incógnita si el comprador se hará cargo de la operación o es una maniobra financiera que incluya la posterior venta a un tercero, una opción muy viable.

Es muy probable que tenga lugar una segunda ola de consolidación del mercado de TV paga en Argentina –la primera fue durante la década del ´90. Es la vía más veloz para que los grandes operadores se alcen con redes y clientes, además de ganar cobertura geográfica. Esta aseveración excluye las ecuaciones financieras y la situación macroeconómica del país.

Compartición de infraestructura

Como se explicó, el proyecto contempla la compartición de infraestructura, un concepto que el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo. El objetivo es facilitar el despliegue de redes y, por ende, la cobertura tanto de redes para servicios fijos como móviles. Un antecedente de este interés puede encontrarse en el Decreto 1340 de diciembre de 2016 donde se estipula que todas las redes nuevas NGN tendrán una protección por 15 años, por lo que no se podrá obligar a su compartición. Esto puede sonar contradictorio con la ambición de la compartición, pero podría estimular y proteger inversiones.

Incluso el Estado Nacional se ha puesto como facilitador de infraestructura pasiva para redes móviles mediante el decreto 798/16, donde indica que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) facilitará a los operadores y a empresas independientes de compartición de infraestructura pasiva el listado de inmuebles estatales con potencial aptitud para instalaciones. A su vez, el Decreto 1060 de diciembre 2017 estipula que inmuebles y empresas u organismos estatales “garantizarán” a los licenciatarios de servicios TIC y a operadores independientes de infraestructura pasiva “el acceso múltiple o compartido, a título oneroso, a las infraestructuras pasivas aptas para el despliegue de redes”. El texto también indica que las obras financiadas total o parcialmente con recursos públicos estimularán la construcción o instalación de infraestructuras pasivas aptas para el despliegue de redes de servicios TIC.

La compartición de infraestructura pasiva puede leerse en varios ejes. Uno es la facilitación del despliegue de redes. Otro, la rentabilización de activos inmobiliarios por parte del Estado o privados.

Como sea, la compartición es un mecanismo que apunta a nuevos jugadores y operadores medianos que pueden extender su alcance mediante acuerdos con otros actores de tamaño similar. Es que los grandes operadores tienen infraestructura desplegada que no desean compartir, salvo ocasiones puntuales como el despliegue de redes LTE, debido a su integración vertical y horizontal.

Espectro: PyMES, ISP y cooperativas

El espectro que sería puesto en manos de operadores regionales y/o locales –se desconoce el cómo- tiene como destinatarios a operadores pequeños y medianos, ISP y cooperativas. Son estos los jugadores de alcance regional y/o local.

Debido al porcentaje mínimo que se asignará (30%), los interesados en este espectro para servicios regionales o locales podrán obtener, al menos, 6 MHz en la banda de 700 MHz; 15 MHz en AWS y 6 MHz en la banda de 1900 MHz en cada una de las áreas (I, II y III). Resta saber cómo se conformarán las regiones para otorgar el recurso espectral.

Si bien son porciones mínimas las estipuladas, los interesados deberían lograr más espectro por banda u obtener espectro en AWS y otra banda para contar con 21 MHz y así montar el servicio con agregación de portadoras (carrier aggregation), un ancho de banda espectral que permite atender un mercado local.

La posibilidad de que PyMES, ISP y cooperativas puedan contar con espectro para una operación móvil regional o local es un guiño que el Senado hace a ese segmento de operadores que desde hace tiempo busca ampliar su oferta de servicios. Si bien el país cuenta con reglamentación para operadores móviles virtuales (OMV), es escaso este tipo de desarrollos. Existe un solo OMV en el mercado: Nuestro, conformado por la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur) que opera sobre la red de Personal. También se encuentra en proceso avanzado el lanzamiento del OMV de la Cámara Argentina de Telecomunicaciones (CATEL), que cuenta con licencia y operará sobre la red de Movistar. Los planes originales indicaban el primer semestre de 2018 como lanzamiento del servicio.

Con una visión optimista, la habilitación de espectro para este tipo de operadores podría conformar un mayor dinamismo del mercado en algunas ciudades del interior del país, si las cooperativas o ISP logran desplegar redes. Sin embargo, estos jugadores carecen de la escala suficiente para la inversión necesaria para los tendidos y la venta de terminales con el fin de conformar una propuesta competitiva para un mercado masivo.

De todas formas, el modelo de negocios podría dejar de lado a los humanos y enfocarse a Internet de las Cosas (IoT), con propuestas comerciales de domótica o ciudades inteligentes. De esta manera, las cooperativas, PyMES o ISP pequeños podrían hacer valer su relación más cercana con sus clientes, en comparación con los grandes operadores.

El artículo fue publicado originalmente en el blog del autor.

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