Brasil: Consulta pública sobre nuevas políticas de telecomunicaciones
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC) de Brasil abrió una consulta pública del decreto que deberá definir el Plan Nacional de Conectividad (PNC). La consulta está disponible hasta el 17 de noviembre de 2017.
El decreto busca consolidar la aprobación del nuevo marco legal una vez que identifica las prioridades. Entre los objetivos generales de la propuesta, se encuentran la promoción del acceso a las telecomunicaciones, fortalecimiento de los usuarios, promoción de la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
El decreto prevé la expansión del acceso a la banda ancha fija y móvil; la privacidad y la transparencia en las relaciones de consumo; la innovación y la actualización tecnológica; el estímulo a las inversiones necesarias para la expansión y mejora de los servicios, y la integridad y seguridad de la infraestructura y los servicios.
La nueva política contiene un conjunto de metas, en las que destaca la cobertura del 75% de los municipios con backhaul en fibra, atención de 100% de los municipios con 3G y alcanzar el 60% de las redes de acceso con velocidades superiores a 30 Mbps.
El decreto también prevé que los órganos y equipos públicos estén conectados entre sí a través de infraestructura de red de alta capacidad; que se ofrezcan puntos públicos de acceso a Internet para uso libre y gratuito por la población; implementar infraestructuras y servicios basados en TIC que promuevan la mejora de la calidad y el aumento de la eficiencia de los servicios públicos; estimular el intercambio de datos de acceso público. Y priorizar la implantación de servicios de TIC en proyectos de ciudades inteligentes.
Como parte del texto, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), recibió un conjunto de nuevas directrices para sus acciones regulatorias. Obtuvo la directriz de buscar una regulación asimétrica siempre que sea necesario; la regulación de precios al por mayor que alienta la inversión; normas de calidad basadas en la experiencia y la calidad percibida por el usuario; la simplificación normativa basada en el análisis de impacto regulatorio; y la preocupación por la protección de la infraestructura y los riesgos cibernéticos. Además de tener la posibilidad de firmar convenios y acuerdos.
En cuanto a las políticas públicas para la inclusión digital, el decreto incluye una fuerte preocupación por la sostenibilidad y logística reversa de los bienes de informática y telecomunicaciones; asimismo contempla la previsión de que los edificios del gobierno federal cedan espacio para instalación de infraestructura de telecomunicaciones cuando sea necesario.
