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El Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá definió a favor de la demanda interpuesta por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) contra Claro y Movistar por reversión de activos. Los operadores deberán pagar COP 4,7 billones (unos US$ 1.500 millones), de los cuales el 66% corresponde a América Móvil y el resto a Telefónica.

Las compañías tienen quince días hábiles para concretar el pago o de lo contrario correrán intereses moratorios a la tasa máxima prevista en la ley.

El fallo no obliga a los operadores a devolver la infraestructura sino a compensar económicamente al Estado colombiano  por el equivalente a bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio a la fecha de finalización del contrato, en noviembre de 2013.

El litigio se origina en 2013, cuando la Corte Constitucional advirtió que a los contratos de concesión que, a mediados de la década de los 90 le dieron vía libre a la telefonía celular, se les aplica la cláusula de reversión de activos, sin importar que leyes posteriores depusieran ese concepto. Sin embargo, la sentencia de la Corte no era clara sobre los activos que se debían revertir ni su valor, y desde qué fechas se hacía efectiva la medida.

Las partes envueltas en esta discusión habían puesto sobre la mesa varias propuestas, entre ellas, dejar en la reversión los activos obligatorios correspondientes al plan mínimo de expansión y que quedaran por fuera los voluntarios.

Tras conocerse la noticia Claro informó que estudiará el alcance del fallo para “tomar las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas”, según detalló la prensa colombiana.

Para el operador, “la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país”.

Por esta razón, dijo que rechaza el cambio al marco jurídico existente y bajo el cual asegura que ha hecho “importantes inversiones en el país”. A su juicio, estos son “cambios que afectan elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos”.

Por su parte, Telefónica Colombia señaló que analizará el contenido de la decisión y adoptará las acciones legales para “la defensa de sus intereses y garantizar la prestación del servicio a todos los colombianos”.

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