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La semana pasada, Telefónica y Claro iniciaron conversaciones con el Gobierno de Colombia para evitar el pago de US$ 1.500 millones exigido por un tribunal por reversión de activos de servicios móviles. Del total, casi un tercio corresponde a la española y el resto a la empresa de América Móvil.

Telefónica quiere agotar todas las vías de negociación antes de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), dependiente del Banco Mundial; Claro ya llevó la controversia al organismo internacional.

Desde ambas compañías señalan que el pago impuesto por el laudo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio las dejaría sin recursos para invertir en el despliegue de redes y en las mejoras en el servicio de telefonía móvil.

El litigio perdido por Movistar Colombia y Claro obliga a los operadores a devolver el valor de activos que exceden las propias concesiones de frecuencias que recibieron hace 24 años.

Según la prensa española, Telefónica avanza en un proceso negociador con el Ejecutivo para reforzar inversiones y compromisos de futuro con el país. La empresa busca abrir nuevos cauces de entendimiento entre el país y la compañía. La situación es embrollada. Movistar Colombia está participada con el 32,5% por el Estado colombiano, por lo que el propio país resulta perjudicado y beneficiado al mismo tiempo. De hecho, el conflicto enfrenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Ministerio TIC, cada cual con intereses contrapuestos.

En principio, Telefónica recurrió a los tribunales locales y comenzó a diseñar su estrategia con diversos argumentos de negociación. Entre otras propuestas se podrían contemplar nuevos compromisos de inversión para eludir un pago que equivale a casi la totalidad de los ingresos de la empresa del primer semestre del año.

En el horizonte se encuentra el próximo concurso de frecuencias en 700 MHz, derivado del dividendo digital que el país pretende habilitar en 2019 para los operadores de telecomunicaciones.

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