Competencia móvil en El Salvador no justifica regulación de precios minoristas
El Centro de Estudios de Telecomunciaciones de América Latina (cet.la) publicó el estudio Análisis de la regulación de los precios minoristas de telefonía móvil en El Salvador. La publicación analiza y explica los supuestos de la intervención regulatoria en el sector, cuáles son los instrumentos en la materia que han resultado efectivos para generar beneficios y en qué condiciones son aplicables. Al respecto, menciona que la regulación de precios se justifica cuando no existe competencia en los mercados minoristas, de tal forma que pudiera haber agentes que abusaran de su posición; o bien, cuando pese a existir competencia minorista, la regulación mayorista no se realiza de forma adecuada.
Desde cet.la indicaron que si bien en El Salvador se han incrementado los niveles de penetración de telefonía móvil, la brecha digital aún es considerable, ya que solo el 27% de sus habitantes utiliza Internet. El cierre de la brecha digital depende en gran parte de la masificación de las últimas tecnologías móviles, y para ello es fundamental flexibilizar los esquemas tarifarios.
Por su parte, el estudio indica que en El Salvador, como lo muestran diversos estudios y lo plantea la propia Superintendencia de Competencia, ninguna de las empresas participantes en el mercado mantiene una posición dominante y los precios promedio de los servicios al usuario final han disminuido de forma sostenida. Esto refleja la eficiencia con la que se desempeñan los distintos operadores, indica la existencia de competencia efectiva y, consecuentemente, la incongruencia de que exista regulación tarifaria en los precios al consumidor. Además, ya que en el país se posee un marco jurídico sólido en materia de interconexión y se cuenta con una Ley de Competencia adecuada para regular el mercado, el control de precios se observa como una carga regulatoria innecesaria.
El Salvador es uno de los dos países en toda América Latina que mantiene un esquema de regulación tarifaria en los servicios minoristas y no existe sustento fáctico que justifique dicha práctica. Esta situación tiende a desincentivar la inversión para los fines sociales y económicos que persiguen las telecomunicaciones, al restringir los incentivos para el despliegue de infraestructura y la adquisición de espectro, limitado la capacidad para lograr mejores y mayores niveles de cobertura. Con lo que se ralentiza la universalización del acceso de todos los salvadoreños a la sociedad conectada.
En el documento se alerta sobre los riesgos que implicaría para la innovación y el desarrollo del sector mantener la regulación tarifaria en el mercado minorista de telefonía móvil. Si bien se reconoce la existencia de un mandato legal que otorga a la SIGET la potestad de regular tarifas y cargos básicos, en el estudio se subraya la oportunidad que se le presenta a esta importante dependencia de asumir un rol proactivo en la materia, pudiendo presentar ante las instancias legislativas la inconveniencia de dicha regulación y la necesidad de que sea modificada en beneficio la población salvadoreña.
