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El gobierno de España, en virtud de disposiciones previstas en la legislación sobre situaciones de emergencia, se compromete a proteger a Telefónica de las ofertas públicas de adquisición hostiles que puedan surgir de inversores extranjeros a raíz de la fuerte caída en el precio de las acciones de la operadora.

El Real Decreto Ley 8/2020, aprobado en respuesta a la pandemia del Covid-19 (el nuevo coronavirus), establece que los inversores de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) no podrán adquirir una participación igual o superior al 10% en las empresas españolas cotizadas.

Así mismo, dichos inversores tampoco podrán tomar el control de empresas en sectores tales como telecomunicaciones y medios de comunicación.

Telefónica se ha visto notablemente perjudicada por la crisis del coronavirus que sacude a los mercados y empresas mundiales. En el momento de escribir este artículo su cotización se situaba en 4,51 euros, lo que supone una caída de un tercio en el último mes.

Telefónica cotiza íntegramente en bolsa y cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. El principal es la firma inversionista estadounidense BlackRock, con una participación del 6,7%.

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