Mark Zuckerberg, CEO de Facebook
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(EUROPA PRESS) Este mes, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), el principal regulador en el ámbito de la privacidad de Facebook en Europa, al tener allí su matriz, instó a la empresa de Mark Zuckerberg a dejar de transferir datos desde el bloque comunitario hacia Estados Unidos.

Facebook decidió recurrir la decisión ante la Justicia irlandesa, que le concedió una suspensión hasta que se resolviera la disputa legal entre la empresa y el regulador. Como parte de este proceso, Facebook ha remitido al juzgado un escrito argumentando que la prohibición tendría un elevado impacto en sus operaciones.

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“En caso de que Facebook estuviera sujeta a una suspensión completa de los datos de los usuarios hacia Estados Unidos, como parece ser la propuesta de la DPC, no está claro cómo Facebook, en estas circunstancias, podría seguir proporcionando los servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea”, ha explicado la máxima responsable en protección de datos y privacidad de la empresa en Europa, Yvonne Cunnane, en un documento al que ha tenido acceso la prensa local irlandesa.

La ejecutiva ha argumentado que, según un estudio encargado por la propia Facebook, las aplicaciones de la compañía ayudaron a generar ventas por valor de 208.000 millones de euros a 7.700 empresas de toda Europa.

La decisión del DPC de Irlanda se produjo varios meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) fallara en contra del acuerdo para la transferencia de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos negociado por la Comisión Europea con Washington, conocido como ‘Escudo de privacidad’, al concluir que no garantiza el nivel de protección de los datos que exigen las reglas de la Unión Europea.

En su sentencia, la Justicia europea advirtió de que no halló en el acuerdo que permite el envío de datos de usuarios europeos a Estados Unidos para fines comerciales “limitaciones” al uso de los mismos en el marco de determinados programas de vigilancia, ni que tampoco encontró garantías suficientes para proteger a los ciudadanos no estadounidenses y evitar que sean objeto de tales programas.

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