Jair Bolsonaro y Donald Trump
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Las acusaciones de Facebook se suman a la actual crisis política en Brasil, en la que los partidarios de Bolsonaro y los hijos del presidente han sido acusados de llevar a cabo campañas coordinadas en línea para atacar a los oponentes políticos del presidente.

Una auditoría independiente encargada por Facebook y publicada este miércoles halló carencias y lentitud en la defensa de los derechos civiles por parte de la red social y criticó que haya puesto la libertad de expresión “por encima de todo lo demás”.

“La actividad incluyó la creación de personas ficticias fingiendo ser reporteros, la publicación de contenido y la gestión de páginas que fingen ser medios de comunicación”, reza la nota de Facebook, que ha explicado que este tipo de gestiones están enfocadas al “comportamiento” de quienes están detrás de estos perfiles, más que en el “contenido” que se publica.

Las investigaciones han señalado al asesor del presidente Bolsonaro, Tercio Arnaud Tomaz, quien forma parte de la conocida como oficina del odio, como uno de los administradores de estas cuentas irregulares que se encargaban de lanzar contenido falso a las redes sociales. Tomaz fue administrador de las redes de Bolsonaro durante la campaña electoral de 2018 y trabaja directamente para el presidente brasileño, con despacho propio en el Palacio de Planalto.

De acuerdo con estas indagaciones, Tomaz estaba detrás de la página de Facebook Bolsonaro Opressor 2.0, que contaba con más de un millón de seguidores en el momento de ser retirada de la plataforma, y en la que se difundían contenidos favorables al dirigente de extrema derecha y ataques contra sus rivales políticos, como el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, e incluso contra antiguos ministros como Luiz Henrique Mandetta o Sergio Moro, quienes dejaron el Gobierno por sus diferencias con el jefe del Estado brasileño.

Por su parte, el PSL ha difundido una nota en la que ha defendido que “no es cierta la información” que relaciona a ninguno de sus asesores con esta trama, sino que se trata de trabajadores parlamentarios, “bajo la responsabilidad directa” de cada uno de ellos, “sin relación con el partido”.

El PSL insiste que los políticos citados en las investigaciones “han sido apartados del partido hace meses con la intención de crear otro partido”, y ha asegurado que la propia formación política “ha sido uno de los principales objetivos de las noticias falsas divulgadas por este grupo”.

Auditoría

Este ha sido otro de los movimientos de Zuckerberg en una etapa en la que parece tomarse más en serio la lucha contra el discurso del odio y las noticias falsas. Le queda trabajo por delante: la empresa encargó una auditoría a la abogada Laura Murphy en colaboración con el gabinete legal Relman Colfax. El informe final, revelado esta semana, pone de manifiesto que no hace lo suficiente en la lucha contra los discursos del odio y la desinformación.

El texto alaba la voluntad expresada por la empresa de prestar mayor atención a estas cuestiones y el “progreso” obtenido con medidas como la prohibición de publicar mensajes orientados a suprimir la participación electoral o la evaluación de los sesgos de sus algoritmos, pero considera que Facebook está siendo lenta y no está haciendo lo suficiente.

“Por desgracia, a nuestro parecer, la estrategia de Facebook sigue siendo demasiado reactiva y limitada. Muchos en la comunidad en defensa de los derechos civiles están descorazonados, frustrados y furiosos después de haber pasado años implorando a la compañía que haga más en favor de la igualdad y para luchar contra la discriminación”, apuntaron los abogados.

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