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La fusión de CaixaBank y Bankia afronta hoy una cita crucial con la celebración de sus respectivos consejos de administración para analizar la propuesta de integración de ambas entidades y tratar las últimas cuestiones antes de dar luz verde al proceso del que surgirá el mayor banco de España.

Las dos entidades convocaron ayer a sus consejeros, una vez concluido el análisis sobre la situación financiera de cada una de ellas y con las posturas ya muy próximas en la mayor parte de los asuntos clave.

Los consejos abordarán el precio y la ecuación de canje entre ambos grupos, es decir, qué peso tendrá cada uno en la nueva entidad, que han sido dos de los puntos que más fricciones han generado durante la negociación. La Fundación La Caixa -principal accionista de CaixaBank a través de Criteria- había establecido como línea roja no bajar del 30% de participación con el fin de preservar su estructura comercial y los beneficios fiscales que tiene.

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Bankia, por su parte, intentaba conseguir un precio que le permitiera maximizar el valor de la participación pública y minimizar las pérdidas en todo lo posible.

El nombre ya está elegido

El nuevo grupo apostará por CaixaBank como marca comercial. De esta forma, la nueva entidad abandonará la de Bankia por la herencia y casos judiciales que arrastra, según fuentes financieras. CaixaBank, al contrario, cuenta con un gran prestigio y está muy valorada en el mercado. La sede legal será Valencia, mientras que Madrid y Barcelona seguirán como sedes operativas.

La unión de CaixaBank con Bankia resultará en un grupo con 650.000 millones en activos, el 25% del total del sector. Las cifras entre ambos hablan por sí solas: CaixaBankia tendrá el 31,4% de los créditos a la clientela y el 28,1% de los depósitos, según datos de junio pasado. Contará con unas 6.700 oficinas (el 28% del total) y más de 51.500 empleados (29% del total).

Discrepancias

Los equipos de ambas entidades intensificaron los contactos en los últimos días a raíz de las discrepancias surgidas precisamente por el precio. Esas diferencias provocaron, de hecho, que la convocatoria de los consejos de hoy se haya retrasado con respecto a las fechas que se manejaban inicialmente. Sin embargo, el interés por ambas partes en concluir de manera exitosa la fusión en marcha ha permitido aliviar las tensiones. La propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por parte de Bankia, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, por parte de CaixaBank, se han implicado hasta el último momento en las negociaciones.

El lado B

La operación tiene un objetivo claro: mejorar la rentabilidad. Y para conseguirlo, en un momento difícil como el actual para incrementar los ingresos, tendrá que apretarse el cinturón y reducir gastos. Esto se traduce en un ajuste de plantilla en el que se podría prescindir de unos 8.000 empleados, un 15% del total.

El Ejecutivo quiere evitar grandes despidos, pero si CaixaBank no mete la tijera, reducirá la prima (será de alrededor del 20% sobre el precio previo al anuncio del acuerdo), el precio que pagará al Estado. El valor que aporta Bankia se sustenta en los 24.000 millones de ayudas públicas que recibió y que se perderán en su mayoría.

El despido de personal irá acompañado del cierre de unas 1.500 oficinas, casi un cuarto de la suma de las sucursales entre los dos bancos. Está por ver dónde se producirán, aunque todo apunta a que la mayoría de los cerrojazos se den en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. También pueden correr peligro las sucursales de la España vaciada, donde CaixaBank cuenta con una extensa red.

¿Habrá un oligopolio bancario?

El Banco de España asegura que no, aunque no cabe duda que se reducirá la oferta para particulares, pymes y empresas. Habrá más concentración bancaria que hace años, lógicamente, ya que CaixaBank y Bankia agrupan 18 antiguas cajas. Las autoridades de competencia deberán determinar si el nuevo banco tiene dominio en algunas regiones, aunque lo podría paliar con el cierre previsto de oficinas. Principalmente en comunidades como la de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

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