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De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD), los cripto activos y monedas virtuales se desarrollan rápido por lo que desean crear una propuesta en el marco de información fiscal que implique cualquier inversión o transacción realizada a través de Bitcoin.

La organización señala que en la gran mayoría de los países del G20, las criptomonedas son legales ya que no se prohíbe la compra y venta de ningún cripto activo ni tampoco se impide su uso para realizar compras.

Es por esto que han alcanzado una gran capitalización de mercado en tan poco tiempo. “La capitalización general del mercado de las monedas virtuales alcanzó los 354.000 millones de dólares en septiembre del 2020

EL 12 de octubre la OECD publicó un reporte llamado “Impuestos sobre las monedas virtuales: Una visión general de los tratamientos fiscales y las nuevas normativas fiscales”, en el cual a través de un análisis exhaustivo trataron temas de importancia política y legal sobre las criptomonedas y sus avances en general a nivel mundial, así como también informaron sobre la necesidad de establecer un marco legal apropiado para ellas.

Al no haber leyes sobre la usabilidad de las criptomonedas, muchas personas se aprovecharan de eso para evadir impuestos.

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Con estas nuevas normativas legales será casi imposible utilizarlas sin comunicárselo al Estado pagando altas sumas de impuestos y perdiendo la esencia de privacidad que ofrecen. Algo totalmente contradictorio a los principios por los que fueron creadas.

“Su intercambiabilidad con las monedas “fiat” (es decir, soberanas) y sus similitudes con otras formas de productos financieros o activos intangibles hacen que sea necesario un marco sólido de política fiscal para garantizar el tratamiento coherente de tipos de activos similares, facilitar el cumplimiento, proporcionar certidumbre fiscal y prevenir la evasión y el fraude fiscal.”

Las criptomonedas —aunque legales— facilitan la evasión fiscal

Esta tendencia parece estar siendo replicada por otros países. Esta misma semana, España finalmente aprobó un anteproyecto de ley que podría apretar el cinturón a todos aquellos que de alguna manera integren el ecosistema cripto en el país; obligando a los prestadores de servicios, inversionistas, traders y cualquier ciudadano que opere dentro o fuera del país, a compartir información sobre sus operaciones, pagando impuestos sobre las mismas.

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