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La exigencia del FBI para que Apple hackee el iPhone de uno los sospechosos de la “Masacre de San Bernardino”, ocurrida en diciembre pasado, logró el repudio de gran parte del mundillo tecnológico. Ahora, las empresas del Silicon Valley ingresaron documentos en la Justicia estadounidense para apoyar a la empresa comandada por Tim Cook.

El FBI piensa que el iPhone de Syed Farook, autor de los disparos en la mencionada tragedia, tendría información que podría impedir ataques terroristas futuros, por lo que pidió ayuda para eludir la encriptación del teléfono. El pedido en concreto es que la empresa cree una nueva versión de iOS para quitar algunas prácticas de seguridad, como el borrado de la información que ocurre al ingresar muchas veces un código de desbloqueo erróneo.

El 3 de marzo se ingresaron en la justicia estadounidense dos amicus curiae (presentaciones presentadas por partes no involucradas en un litigio) con la firma de más de 30 empresas de tecnología que respaldaban la posición de Apple.

Una de ellas fue firmada por Airbnb, Atlassian, Automattic (WordPress), CloudFlare, eBay, Github, Kickstarter, LinkedIn, Mapbox, Medium, Meetup, Reddit, Square, Squarespace, Twilio, Twitter y Wickr. “El esfuerzo extraordinario y sin precedentes de obligar a una empresa privada a convertirse en el arma investigativa de un gobierno no tiene base legar en el acta All Writs Act ni ninguna ley, pero amenaza los principios centrales de privacidad, secutidad y transparecia que subyace en el tejido de Internet”, indica el escrito.

El otro documento, firmado por Amazon, Box, Cisco, Dropbox, Evernote, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Nest, Pinterest, Slack, Snapchat, WhatsApp y Yahoo; indica que tales empresas “están completamente unidas en su visión de que la orden del gobierno a Apple excede los límites de la ley existente y, aplicada más ampliamente, lastimará la seguridad de los estadounideneses en el largo plazo”.

El All Writs Act que invoca el FBI data del año 1789 y autoriza a los tribunales federales de EE.UU. a exigir “todos los escritos necesarios o convenientes en beneficio de sus respectivas jurisdicciones” que puedan ser utilizados en un juicio. Si bien la norma era aplicable al correo postal, una interpretación actual podría incluir e-mails, mensajes de textos y otro tipo de comunicación digital.

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