Impuestos a las Telecomunicaciones: ¿Servicios Básicos o de Lujo?
(México) Se conoce como política fiscal al conjunto de reglas relativas a la captación tributaria (impuestos), a la forma del gasto público y al endeudamiento por parte del Gobierno para satisfacer las necesidades de la población representadas por las políticas económicas en cada país.
En este sentido, es responsabilidad del Gobierno inyectar el flujo de inversión que genere la infraestructura necesaria para el desarrollo, además de implementar medidas que promuevan la inversión por parte del sector privado para contribuir al despliegue y adopción generalizada de nuevas tecnologías y sus servicios, determinantes esenciales del crecimiento económico de toda nación. Entre los objetivos de toda política fiscal debe estar la obtención de recursos que generen el ahorro púbico necesario para hacer frente a las obligaciones gubernamentales de la manera más eficiente.
Las telecomunicaciones tienen una importante contribución al crecimiento económico a través del aumento en la productividad resultante de las nuevas tecnologías, facilitan la comunicación y constituyen una fuente continua de innovación, entre otros.
En el contexto de las políticas públicas, queda un amplio margen de maniobra en el sentido de maximizar los beneficios sociales que nos ofrecen las redes de telecomunicaciones actuales, incrementando la cobertura y la calidad de los servicios. Lo anterior mediante una óptima política fiscal que no sólo vele por los intereses rentistas en el corto plazo sino por una planificación del financiamiento del gasto en el largo plazo esperando aumentar su recaudación cuando el mercado se encuentre maduro.
Sin embargo, al elevar los gravámenes en un sector que genera importantes inversiones, empleos, tanto directos como indirectos y, además, eleva la productividad de los usuarios, simplemente se contradicen los mismos objetivos de la política fiscal.
En cada país existen bienes y servicios considerados básicos ya que son fundamentales en la vida diaria de las personas, por ello se les busca brindar un tratamiento preferencial de fomento y estímulo.
En el caso nacional, la autoridad fiscal ha clasificado únicamente a los servicios de telefonía fija como servicio básico. Los servicios móviles por su parte han cargado en el último año con el gravamen del IEPS, adicional a la escalera fiscal del ISR, IVA, etc.
Sin embargo, la convergencia tecnológica impulsa la definición de servicio básico un paso más adelante. Actualmente, podríamos precisar el servicio básico de telecomunicaciones como un punto de acceso a una red, independientemente del servicio que transmita, ya sea por medio de conexión fija, cable, móvil, satelital o microondas, y lo que se debería definir como básico es el punto de acceso.
Una visión errónea es pensar que las telecomunicaciones son un bien de lujo, cuando en la realidad observamos un aumento en la penetración de estos servicios para todos los NSE, elevando al mismo tiempo su capacidad productiva. Es un hecho que los servicios de telecomunicaciones son considerados como básicos para el desarrollo nacional en todos los países y no tomarlos en cuenta como tales aumentaría la brecha digital entre los mismos.
Las telecomunicaciones actualmente ya contribuyen en gran medida tanto a la recaudación fiscal como a elevar la productividad de las empresas con la utilización de estos servicios, por lo que al querer incrementar la tasa gravable y resultar más onerosos los servicios, éstas podrían prescindir del uso de ciertos equipos y con ello mermar su eficiencia impactando al conjunto del aparato productivo nacional.
Una Política Fiscal que busque “incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial” como dice el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, debe contener reglas claras estables y conducentes que fomenten la inversión de largo plazo en nuestro país, en lugar de buscar maximizar las rentas por parte del gobierno que sólo depredan en el corto plazo, desincentivando el crecimiento de un sector tan importante para la economía y disminuyendo el bienestar social al apoderarse del excedente del consumidor.
Por Ernesto Piedras.
Director general de The Competitive Intelligence Unit, Economista (ITAM-London School of Economist).
