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En la época contemporánea, con la serie de eventos desencadenados en crisis económica, los sistemas financieros y sus instituciones son cuestionados frecuentemente con respecto a la transparencia de sus operaciones. Dichos cuestionamientos, aunados a los esfuerzos por mantener la estabilidad económica mundial, dan lugar a que se implementen y actualicen normas internacionales, como lo es Basilea III (reformas al Basilea II).

Y a pesar de que estas acciones tienen el objetivo de crear uniformidad con respecto a las regulaciones implementadas a proteger y crear sistemas financieros más robustos a nivel a global, hay que estar anuente de que su establecimiento, implementación y adopción tienen un impacto tanto positivo como negativo en el mercado, que no podemos de obviar.

A partir de la crisis financiera 2007-2008, se propone entre las medidas establecer requerimientos más estrictos con respecto a la calidad y mayor importe de capital a las instituciones bancarias. Pero como el remedio puede traer también consecuencias, en este contexto se alega que los requerimientos son la promoción de alternativas que pueden imponer mayores riesgos.

Tomando como ejemplo la medida de mayores requerimientos de capital, se podría observar una reducción con respecto a la oferta de facilidades de crédito al sector corporativo y de bienes y raíces, además de una posible disminución con respecto a las tasas de rendimiento de depósito por parte de las instituciones bancarias. Pese a que la implementación del requerimiento es necesaria para salvaguardar el desarrollo de las operaciones, su lado negativo es que limita —en este caso, a usuarios del sistema— a satisfacer sus necesidades de apalancamiento.

Actualmente estas limitaciones al crédito de la banca tradicional se reflejan en el sector corporativo de Brasil, en el cual profesionales del campo de inversiones estiman que la deuda corporativa crezca entre 2 a 4.8 veces el nivel actual para el año 2022.

Al verse los usuarios del sistema financiero en la posición de buscar alternativas como gestores de inversiones, instituciones que generan créditos o recurrir al préstamo peer-to-peer , entre otras opciones, se fomenta el establecimiento y necesidad del shadow banking o banca en la sombra.

Este término empleado por Paul McCulley en el período 2007 para identificar las acciones e instrumentos denotados como detonantes de la crisis financiera —principalmente a la titularización ‘securitization’ de activos fuera de balance ( off-balance-sheet assets )— se utiliza hoy para categorizar toda institución que lleve a cabo actividades de intermediación de crédito, fuera del sistema financiero regular y que imponga riesgo a la estabilidad financiera.

En la última década la banca en la sombra ha crecido y su proliferación es mayor en aquellas jurisdicciones que aportan la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, como lo son China y Estados Unidos.

Pero el desarrollo y proliferación de las instituciones en la sombra no ha sido dejado a la deriva, prestándose vasta atención por parte de El Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board -FSB), enfocado en el monitoreo de estas instituciones y sus funciones económicas a partir del año 2011; así como del establecimiento de medidas que salvaguarden los intereses de los usuarios y no se imponga riesgos sistemáticos.

Sin la atención requerida, los esfuerzos por mantener la banca tradicional y los sistemas financieros sostenibles mediante la introducción y reforma de estándares, como lo es Basilea III, se podrían considerar en vano.

Cifras reportadas por el FSB en su Informe anual ‘Global Shadow Banking Report’, desarrollado en base a 29 jurisdicciones que contribuyen aproximadamente al 80% del PIB a nivel mundial, confirman que a finales del 2016 (cifras más recientes) la banca en la sombra ha crecido en valor $45 billones, lo cual se traduce a un 8%. Este crecimiento se refleja en la suma significativa de $160.4 billones con respecto al total de activos agregados de la actividad en estas jurisdicciones, monto equivalente al 47% del mercado global agregado de activos, el cual suma $340 billones.

Consultada información previamente reportada por el FSB, Estados Unidos y China son las jurisdicciones bajo estudio con los mayores niveles de actividad de banca en la sombra, lo cual se puede atribuir en gran parte a factores como los altos niveles de población, 326 mil millones y 1,384 mil millones respectivamente, así como un desarrollado de los sectores corporativo y de manufactura que demandan miles de millones de dólares a diario, y la actividad comercial internacional. Por eso no sorprende que los usuarios de la banca tradicional en estos dos mercados en específico requieran de alternativas más accesibles, menos costosas y que otorguen mayores rendimientos.

A finales de 2016, Estados Unidos a pesar de haber disminuido su mercado un 65% entre el 2011 ($40 billones) y el 2016 ($14.1 billones) continúa aportando el 31% del total agregado de los activos de la banca en la sombra. Seguido de la participación agregada de las 8 jurisdicciones representantes de la Unión Europea con un $10.1 billones (22%), China $7 billones (16%), Islas Caimanes $4.7 billones (10%), mientras el 31% restante se lo componen las otras 19 jurisdicciones entre estas Australia, Mercados Emergentes de Medio Oriente y América Latina.

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