La UE esta dispuesta a frenar el modelo de negocio de Uber, Airbnb o Glovo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto la puerta a acabar con el modelo de negocio de las plataformas online, tal y como se conoce, después de dictaminar que Uber es “una empresa de transporte” y no una compañía que presta servicios propios de la sociedad de la información, tal y como defiende la propia firma estadounidense. “Debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es el transporte y por lo tanto no responde a la calificación de servicio de la sociedad de la información”, estima el Tribunal europeo.
El criterio fijado por Bruselas podría obligar a Uber a cambiar el sistema bajo el que opera en los distintos países de la UE (en España está inscrita como una empresa de servicios relacionados con las tecnologías de la información) ya que tendría que adaptarse a las distintas legislaciones y, por ejemplo en el caso español, pedir licencias de transporte y someterse a la normas que ordenan el sector a nivel estatal, regional y local.
Es una situación que podría extenderse a otras plataformas como Airbnb, Cabify, Deliveroo o Glovo, que también son agentes activos en sus respectivos sectores y no se limitan a intermediar entre los proveedores del servicio y los consumidores, sino que han creado el servicio. Así, estas plataformas, que están registradas como empresas de marketing o de comercio online en España, corren el riesgo de tener que someterse a la legislación de los sectores en los que operan convirtiéndose en agencia de viaje en el caso de Airbnb o en empresas de reparto de paquetería en el de Deliveroo o Glovo.
“La sentencia establece un principio de aplicación a todas las plataformas de intermediación que actualmente se limitan a cobrar comisiones y no invierten ni contratan personal, ya que operan con autónomos”, explican fuentes jurídicas a este diario.
Y es que, según defiende el TJUE, Uber System Spain no es un simple intermediario que pone en contacto a conductores y usuarios. Para la justicia europea, el papel de la firma estadounidense va mucho más allá ya que “crea al mismo tiempo la oferta y la demanda” (sin la aplicación los conductores no pueden prestar este tipo de servicios ni los pasajeros solicitarlos) y “ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”.
En concreto, la plataforma establece “el precio máximo de la carrera”, de la que luego cobrará su comisión; “ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos y el comportamiento de los conductores”, lo que puede entrañar la expulsión de estos.
Así, en sus directrices publicadas en junio de 2016, la Comisión Europea (CE) consideró que el nivel de control o influencia que ejerce una plataforma de colaboración sobre el proveedor del servicio es de gran importancia a la hora de juzgar si las nuevas empresas son plataformas digitales o principalmente proveedores del servicio subyacente, por lo que no tendría que considerarse parte del sector de la tecnología de la información, un patrón que se repita en muchas firmas de este tipo.
En este punto, la portavoz de la Comisión, Lucía Caudet, señaló que cualquier implicación más allá del sector del transporte tendría que ser “considerada cuidadosamente”.
Aunque la cuestión prejudicial fue planteada por un juzgado español sobre el servicio de UberPop, que era utilizado por conductores particulares sin licencia y ya no existe en nuestro país, la sentencia se refiere a Uber System Spain (la firma con la que opera en España). En ella valora comportamientos que siguen vigentes en la compañía y, en ningún caso, entra a valorar la legalidad de que se intermedie entre conductores sin licencia y usuarios.
Airbnb, en punto de mira
Airbnb, que se dedica al alquiler de alojamientos a corto plazo, está también en punto de mira de la Unión Europea, ya que es uno de los servicios más utilizados en el Viejo Continente y que más dinero mueve. No en vano, el turismo en una de la principales industrias de países como Francia, España, Grecia o Italia. Así, Bruselas puso en marcha en febrero de 2017 una serie de talleres para analizar el futuro de este tipo de plataformas y llegar a un acuerdo con los Estados miembros y las partes implicadas sobre los principios que deben seguir para legislar este sector, el mayor de los servicios colaborativos de Europa. En este punto, no hay que olvidar que Francia y Alemania exigieron este verano más control sobre el servicio que presta Airbnb, ya que mueve millones en ingresos y apenas paga impuestos en los países en los que operan. Como la plataforma todavía funciona como una empresa de servicios de la información, que incluye el comercio online, se ampara en los principios que regula ese tipo de servicios, que, entre otras cosas, le permite no dar información a Hacienda sobre sus usuarios, tanto lo que alquilan sus pisos como los que los que lo arriendan, ni controlar si tienen licencia para operar o no.
En línea generales, la Comisión Europea está estrechando el circulo sobre la estructura de trabajo con la que operan (contratación de autónomos) las empresas de la llamada economía colaborativa. En este punto, la CE va a presentar este jueves una serie de propuestas para actualizar las normas de la UE sobre los contratos de empleo que tendrán en cuenta a los que operan a pedido o cupón (están a disposición del grupo) con estas firmas de economía digital. En este punto, las plataformas que promueven el reparto urbano a domicilio como Glovo o Deliveroo también están cuestionadas después de que la Inspección de Trabajo haya determinado que los llamados colaboradores de ésta última en España son falsos autónomos, por lo que tendrían que contratar a todos los riders que operan con ellos.
Cisma entre el taxi y Fomento
En cualquier caso, a pesar del precedente que sienta la decisión TJUE sobre Uber, el modelo de negocio de la plataforma en España no va a cambiar a corto plazo. La compañía asegura que ya opera de forma legal en nuestro país y que la decisión concierne a un servicio extinto por lo que no “tendrá consecuencias”. “Esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades en toda Europa”, asegura en un comunicado.
Una posición que comparte el Ministerio de Fomento y que puede abrir un nuevo cisma entre el Gobierno y el gremio del taxi en su guerra por frenar a los coches de VTC. Así, fuentes del departamento que dirige Íñigo de la Serna, ha asegurado a este diario que Uber es legal y que nada cambiará: “En España actualmente opera Uber X, con empresas o conductores debidamente autorizados para el arrendamiento de vehículos con conductor. La sentencia no le afecta puesto que, en principio, cumple la legislación de transportes”.
Esta interpretación choca de lleno con la realizada por los taxistas que han visto en la sentencia europea un triunfo. Así, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha explicado a ese diario que van a exigir a las Administraciones Públicas que obliguen a este tipo de plataformas a que se adapten a la legislación que regula el sector del transporte y que obliga a las compañías a tener licencias, asumir las responsabilidades penales y civiles del servicio prestado, tener vehículos, crear una sociedad mercantil en España para facturar los servicios…
“Deben cumplir con las obligaciones en materia de transportes, lo que les implicará mayores costes y control por parte de las Administraciones”, asegura Sanz. En este punto, el presidente de Antaxi ha asegurado que están estudiando presentan una demanda contra Uber System Spain en los juzgados españoles para reclamarle una indemnización “millonaria” por competencia desleal ya que “lleva muchos años operando al margen de la ley”.
Fuente: El economista Es
