Más de 5.000 millones de personas no utilizaron Internet o lo hicieron por acceso público

(Internacional) En la edición de 2012 del Informe de la UIT sobre reglamentación, Tendencias en la reforma de las telecomunicaciones, se pone de relieve la importancia vital de un marco de reglamentación nacional sólido para acelerar el despliegue de la banda ancha y estimular el desarrollo de nuevos bienes y servicios digitales.

El estudio de este año, subtitulado "Una reglamentación inteligente para un mundo de banda ancha" arroja luz sobre las cuestiones jurídicas y reglamentarias a menudo complejas que van surgiendo a medida que la banda ancha se propaga de forma generalizada y actúa cada vez más como una fuerza motriz del desarrollo de otros sectores económicos.

En el curso de los últimos cinco años, el número de abonados a la banda ancha fija se ha duplicado con creces, para alcanzar una cifra estimada en 591 millones a principios de 2012; no obstante, sigue habiendo enormes disparidades entre los mundos desarrollado y en desarrollo.

La tasa de penetración de la banda ancha fija del 26% en los países industrializados, está en agudo contraste con la tasa correspondiente a los países en desarrollo, que sólo es del 4,8%. La asequibilidad sigue siendo un gran obstáculo, sobre todo en África, donde los costos de acceso a la banda ancha fija son en promedio de un valor equivalente al triple de la renta per cápita mensual.

A tenor de las cifras de la UIT, actualmente el número de usuarios de medios sociales activos es superior a los mil millones, y muchos de ellos se conectan utilizando sus dispositivos móviles. Pero las estadísticas sobre la penetración de la banda ancha móvil revelan que, según estimaciones, en 2011 sólo un 8,5% de la población de los países en desarrollo tenía acceso a los servicios de banda ancha, y que casi la mitad del total de teléfonos con banda ancha correspondía a un puñado de países de renta alta, mientras que los países de renta baja representaban apenas el 5% del uso mundial.

El Informe muestra que, a medida que va avanzando la revolución de la banda ancha, grandes segmentos de la población mundial van quedando firmemente a la zaga. Más de cinco mil millones de personas aún no han utilizado nunca Internet, incluso a baja velocidad, o sólo lo han hecho usando acceso público o compartido.

Al mismo tiempo, con el surgimiento de aplicaciones y nuevos dispositivos como las tabletas, se está generando una marejada de tráfico de datos que empuja al límite la capacidad de las redes existentes, en un momento en el cual los denominados servicios "por encima de la media" (Over-the-top, OTT) como la computación en nube o la compra en línea están menoscabando los incentivos de las empresas de telecomunicaciones para financiar un costoso despliegue de nuevas redes.

Y, por último, una serie de dificultades incipientes tales como la forma de proteger los derechos de propiedad intelectual, eliminar de manera ecológica la creciente montaña de ciberdesechos, y preservar el derecho a la privacidad en las redes sociales, está ejerciendo aún más presión en el mandato y los recursos actuales de los organismos reguladores de las TIC.

Por lo que hace al suministro de servicios de telecomunicaciones tradicionales, las redes de alta velocidad ya están poniendo en tela de juicio antiguos paradigmas tales como el acceso abierto y los medios de financiar el acceso y el servicio universal.

A causa del enorme volumen de datos generados por las aplicaciones de banda ancha fija y móvil, actualmente la mayoría de los países debe hacer frente a un déficit de infraestructura TIC crítica. Habida cuenta de la importancia de la banda ancha para el desarrollo de cada país, ese déficit se está convirtiendo rápidamente en un importante problema de política pública que exige la formulación de nuevos marcos de política de banda ancha intersectoriales. Sin embargo, es alentador el hecho de que más de 130 gobiernos hayan adoptado o prevean adoptar una política, estrategia o plan nacional de promoción de la banda ancha.

A juicio del Dr. Hamadoun Touré, Secretario General de la UIT, “La principal dificultad que tienen hoy ante sí los organismos reguladores de la TIC es garantizar la inversión y la innovación sin ahogar la competencia. Con miras a que todos los ciudadanos se beneficien del crecimiento económico que trae consigo la banda ancha, se necesitan voluminosas y continuas inversiones en redes. En este Informe se considera cómo podrían ayudar los reguladores, y lo que se podría lograr con la adopción de medidas innovadoras”.