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El 31% de los accesos de América Central tendrán la posibilidad de acceder a banda ancha a 2019. La región contará con un total de 58 millones de líneas móviles y del total el 11% de las conexiones a Internet móvil usará redes LTE y llegarán a 1,9 millones, según un comunicado de 4G Américas que cita proyecciones de Signals Telecom Consulting.

El informe destaca que los seis países hispanoparlantes de América Central exhiben diferentes niveles de adopción a nuevas tecnologías de banda ancha móvil. Entre las razones para explicar esta disparidad, 4G Américas identifica los atrasos en la adjudicación de espectro radioeléctrico para la oferta de servicios móviles en la región. No es casualidad que los lanzamientos de LTE en 700 MHz APT en Panamá durante marzo de 2015 ocurrieran luego de la asignación de esta frecuencia.

Asimismo, destaca que El Salvador, el mercado centroamericano con mayor número de prestadores de servicio móvil, lleva cerca de una década sin adjudicar espectro radioeléctrico. Así se posiciona junto a Cuba y Nicaragua, como uno de los tres latinoamericanos que aún no han comenzado a comercializar servicios de LTE.

De acuerdo con Signals Telecom Consulting, para final de 2014 América Central contaba con 52,2 millones de líneas móviles de las cuales el 14,6% (7,7 millones) eran de banda ancha móvil. Se espera que en los próximos cuatro años el total de líneas llegue a los 58 millones de líneas con 31% de estas (17,85 millones) siendo de banda ancha móvil. El número total de conexiones LTE en América Central pase de 39.000 para final de 2004 a 1,9 millones en 2019.

Según explica 4G Américas, es imperativo de los gobiernos regionales impulsen regulación para fomentar el desarrollo de las tecnologías inalámbricas de banda ancha. Entre las medidas que pueden tomar,  la asociación sugiere mayor dinamismo al momento de adjudicar espectro radioeléctrico y que los procesos de su asignación sean abiertos y no discriminatorios.

Por otra parte, para potenciar el crecimiento de 4G, se remarca que es importante reducir los procesos burocráticos para la obtención de permisos para el despliegue de infraestructura e implementar leyes que reduzcan la carga impositiva de los servicios y dispositivos para, de esta manera, disminuir las barreras que puede enfrentar un usuario al momento de adquirir nuevos servicios de banda ancha móvil. Sobre todo en mercados como Honduras y Nicaragua que se encuentran entre los ingresos per cápita más bajos del hemisferio.

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