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Los 137 países que negocian bajo el paraguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fracasaron en su intento de llegar a un acuerdo sobre un impuesto a las grandes empresas del sector digital antes de finales de 2020, el plazo que les había fijado el G20, lo que podría provocar una proliferación de iniciativas unilaterales. “El vaso está mitad lleno: el paquete está casi listo pero falta un acuerdo político“, reconoció este lunes Pascal Saint-Amans, responsable de política fiscal de la Organización.

La entidad presidida por el mexicano Ángel Gurría expondrá los documentos al G20 en la reunión que mantendrán los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales esta semana.

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Pese a lo extenso de las propuestas, la OCDE ha señalado que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, aunque espera que sirvan de base para encauzar las negociaciones en el futuro.

“Acordamos atajar rápidamente los problemas restantes con la vista puesta en llevar este proceso a una conclusión exitosa para mediados de 2021 y resolver los problemas técnicos, desarrollar borradores legislativos, pautas y reglas y procesos internacionales según sea necesario para implementar una solución basada en el consenso”, ha explicado la OCDE.

Las discusiones sobre el llamado “marco inclusivo” no se limitan a la fiscalidad digital, sino que (a iniciativa sobre todo de Estados Unidos) también cubren el objetivo de instaurar un tipo mínimo mundial en el impuesto de sociedades para impedir que los paraísos fiscales sean utilizados por las empresas para implantar allí sus sedes y eludir pagar impuestos.

Según los cálculos de la OCDE, su propuesta elevará los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades a nivel mundial en entre 50.000 y 80.000 millones de dólares (42.283 y 67.654 millones de euros). Si se tiene en cuenta el efecto conjunto de las propuestas con un plan fiscal paralelo de Estados Unidos, los ingresos tributarios se podrían elevar hasta en 100.000 millones de dólares (84.567 millones de euros) al año.

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La OCDE estima que la implementación de un acuerdo multilateral tendrá un efecto negativo de menos del 0,1% del producto interior bruto (PIB) mundial a largo plazo. No obstante, la certidumbre fiscal procedente de este acuerdo podría elevar la inversión y el crecimiento, lo que compensaría “parcial o totalmente” este “pequeño efecto negativo”.

Gurría tampoco ocultó la perspectiva de que termine este nuevo plazo sin compromiso, lo que significaría que “se multiplicarán las acciones unilaterales” de los países que crearán sus propias tasas digitales nacionales, que a su vez tendrán su respuesta en forma de sanciones de otros países que se sentirán perjudicados, en primer lugar de Estados Unidos.

El exministro mexicano dijo que la OCDE no puede evitar que los países que ya han preparado sus dispositivos fiscales para imponer a las grandes compañías digitales, como Francia o España en Europa, los pongan en marcha antes de agotar el nuevo plazo, para lo que “son soberanos”, dijo. Pero sí lanzó un mensaje al insistir en que hay que apostar por “una solución multilateral”, y recordó que los países europeos que ya han legislado han optado hasta ahora por no aplicar esas nuevas tasas, de la misma forma que Washington también ha dejado en suspenso los aranceles con los que les ha amenazado.

En este sentido, Gurría ha añadido que “es imperativo hacer este trabajo hasta la línea de meta, ya que un fracaso amenazaría con que las guerras fiscales deriven en guerras comerciales en un momento en que la economía global está ya sufriendo enormemente“.

Igualmente, el presidente de la OCDE cree que, independientemente de los resultados de las elecciones estadounidenses del próximo 3 de noviembre, la reforma fiscal podrá seguir adelante al considerar que el país desea avanzar en este sentido y ha estado trabajando en ello.

La propuesta de la OCDE se centra en dos líneas de actuación. Por un lado, en el conocido como Pilar Uno, se propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones debido a la posibilidad de las empresas digitales de generar beneficios sin ventas o presencia física concreta en un país. De su lado, en el Pilar Dos se propone un tipo mínimo para ser recaudado en todas las jurisdicciones.

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