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En diferentes países de América Latina se ven casos donde las normativas municipales son inconsistentes con el marco legislativo provincial y/o nacional, lo cual resulta en demoras y dificultades para la obtención de permisos con el fin de desplegar infraestructura de telecomunicaciones.

Los servicios móviles son reconocidos como pilares fundamentales del desarrollo económico y social por distintos centros académicos y entidades internacionales. Para extender la cobertura y los beneficios de estos servicios a la población se requiere de la inversión de los operadores en el despliegue de infraestructura de red que provea estas prestaciones. En este sentido, debe existir un fluido diálogo entre gobiernos y empresas para un mejor desarrollo de las redes, de acuerdo con el estudio “Adopción Digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región” de 4G Americas

El documento, que revisa los casos de varios países seleccionados de América Latina, señala que la normativa vigente para la realización de obras de construcción de infraestructura en la región frecuentemente contempla, entre otros aspectos, los límites de emisiones no ionizantes –en atención a las recomendaciones de la International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, el potencial impacto en el entorno urbano, y la existencia de distintas de distintos procedimientos y autoridades gubernamentales en la materia.

Según José Otero, director de 4G Americas para América Latina y el Caribe, se debe considerar que la cantidad de municipios puede variar entre cerca de cien y varios miles en los países latinoamericanos, cada uno potencialmente con reglas propias y diferentes a las de los demás, originando un alto nivel de burocracia que puede llegar incluso a instancias judiciales.

El especialista indicó que este escenario es particularmente adverso ante el creciente consumo de datos impulsado por la denominada “revolución digital”, y la llegada de nuevas tecnologías que buscan dar respuesta a esa demanda de servicios, como 4G LTE, la próxima generación, IMT-2020 o 5G, y las denominadas celdas pequeñas (small cells).

El documento apunta que el diálogo entre los Gobiernos y los operadores es fundamental. Pero, además, también es necesaria la adopción de reglas en común, sustentadas en procedimientos definidos de manera clara, precisa y estandarizada a nivel nacional. A lo anterior, deben sumarse plazos de procesamiento de solicitudes acotados, definidos y que consideren la aceptación automática (como el denominado “silencio administrativo positivo”).

[blockquote quotes=”yes”]La cantidad de municipios puede variar entre cerca de cien y varios miles en los países latinoamericanos, cada uno potencialmente con reglas propias y diferentes a las de los demás, originando un alto nivel de burocracia que puede llegar incluso a instancias judiciales.[/blockquote]

Respecto a las prácticas de uso compartido de infraestructura –por ejemplo, torres donde se alojan las antenas y equipos de transmisión de dos o más operadores–, el documento sugiere que se fomenten los acuerdos voluntarios en condiciones recíprocas, privilegiando la voluntad de las partes para establecerlos, en un entorno de libertad contractual. Además, aconseja que el uso compartido de infraestructura se enmarque en la factibilidad técnica, económica, operativa y legal evitando, en lo posible, la intervención del Estado, cuyos esfuerzos deben orientarse a preservar la inversión realizada en infraestructura y promover su expansión y penetración, para favorecer su llegada a una mayor cantidad de la población.

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