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Imaginemos cómo será una ciudad moderna en el año 2020. Sin duda, será una ciudad inteligente: ecológica, basada en la gestión y planificación urbana, con una gran base tecnológica que proporcionará datos e información para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Actualmente, los sistemas de gestión urbana basados en sensores se encuentran instalados en muchas ciudades y regiones de todo el mundo. Muy pronto, las Smart Cities generarán toneladas de datos que nos ayudarán a encontrar fácilmente un aparcamiento, conservar el agua de riego en parques y jardines, monitorizar el transporte público, los atascos de tráfico, las aglomeraciones en eventos multitudinarios y los niveles de contaminación.

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Pero, por supuesto, no todas las ciudades han alcanzado este nivel todavía. En la práctica, desde el punto de vista del hardware, quiero compartir el alcance que han adquirido proyectos de Smart Cities en diferentes ciudades de todo el mundo: desde Hoboken (en Estados Unidos) a Gerona; desde Málaga a Melbourne; desde Salamanca a Sydney… pero particularmente en Europa, dónde el movimiento de las Smart Cities tiene sus raíces.

Un sueño de eficiencia

La primera oleada tecnológica de las Smart Cities empezó alrededor del año 2009. Muchos alcaldes y gestores municipales estaban impacientes por adoptar las soluciones tecnológicas que ofrecían los sensores. Era lo que habían soñado para monitorizar la calidad del aire de su ciudad, controlar el tráfico urbano, la contaminación acústica, etc. Los sensores ayudarían a gestionar múltiples servicios, con el fin de mejorar y modernizar las áreas urbanas. Todos los municipios escuchaban cuidadosamente las múltiples ventajas de transformar sus urbes en ciudades inteligentes y la reducción de costes suponía un gran aliciente. Se firmaron grandes contratos que atraerían grandes inversiones, se lanzaron los primeros programas piloto y luego, llegó la realidad.

Al principio, los retos que debían asumir los gestores municipales se centraban en comprender los límites de la tecnología: dónde colocar los sensores, qué restricciones existen al programar por el aire, cómo tratar con elementos móviles y redes que se mueven para monitorizar tranvías o autobuses y, cómo no, la eterna discusión sobre la correlación entre los datos monitorizados en tiempo real y su potencial de consumo.

Sin embargo, el mayor reto al que tuvieron que enfrentarse no tenía nada que ver con la tecnología.

Recuerdo cuando una señora mayor paralizó el trabajo de un equipo de ingenieros y les preguntó para qué eran todas esas cajas negras en las farolas, y si se pagaban con el dinero del contribuyente. En otra ocasión, fue un empleado del propio ayuntamiento el que bloqueó nuestra instalación porque pensaba que los equipos no eran seguros.

Estas reacciones eran naturales porque nadie había informado a los ciudadanos de lo que estaba sucediendo. Como ingenieros enseguida percibimos que nuestras mayores complicaciones no serían discusiones técnicas, sino políticas. Los gobernantes se habían saltado un paso y era el de informar al ciudadano y hacerle partícipe del cambio para que comprendiera su utilidad.

Movimiento NIMBY (not in my backyard)

Los nuevos dispositivos eran visibles e impactaban negativamente en el paisaje urbano. A esta circunstancia se sumaba el hecho de que la población nunca había sido informada convenientemente sobre los beneficios que les aportaría la tecnología. Desde hace años, los ciudadanos se preguntan sobre el destino de sus impuestos y siempre hay algunos recelosos que desconfían de los servicios que pueden verse perjudicados en favor de los nuevos y “brillantes” proyectos. En esa primera fase de implantación de las Smart Cities llegamos a la conclusión de que si no se proporcionaba información a los ciudadanos, se produciría un rechazo generalizado a través de las redes sociales, lo que siempre conlleva un gran coste político.

La resistencia empezó a hacerse cada vez más visible con el movimiento NIMBY – del inglés, “not in MY backyard”. Pero no eran únicamente los ciudadanos los que se mostraban preocupados. Los alcaldes hacían cada vez más preguntas porque estaban mejor informados y querían respuestas con las que convencer a la ciudadanía. En este sentido, es importante tener en cuenta que a los dirigentes políticos no solo les preocupan los costes y la financiación de los proyectos sino también la capacidad de proporcionar información útil al ciudadano e incluso de conseguir su cooperación. Al fin y al cabo, de ello depende su continuidad en el cargo.

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Smart Cities versión 1.0, tecnología sin negocio

En la primera oleada de las Smart Cities el objetivo era probar la tecnología, su alcance y su repercusión, no construir un caso de negocio. No estaba mal para empezar, pero el mensaje no siempre se comunicaba correctamente a todos los públicos implicados. Si añadimos la circunstancia de que los primeros proyectos de ciudades inteligentes fueron testigo de la mayor crisis económica que han sufrido los ciudadanos en este nuevo siglo, podemos entender la enorme presión que llevó a los gestores municipales a exhibir todo su potencial en una fase de “cuántos más sensores mejor”. Los líderes políticos preferían colocar un número espectacular de sensores para visibilizar todo su potencial pero carecían del presupuesto adecuado.

Así fue como empezaron a aparecer informes negativos, como el publicado por Jennifer Belissant para Forrester Research, titulado “Smart City Santander: tecnología probada, modelo de negocio incierto”.

La mayoría de los primeros proyectos estaban financiados por la Unión Europea y carecían de un plan real de continuidad. Como referencia, hay que considerar que un proyecto de telecomunicaciones destina entre un 15% y un 20% del total del presupuesto anual para operaciones de mantenimiento. Sin embargo, en los primeros proyectos de Smart Cities, esta partida no se contemplaba todavía.

Smart Cities versión 2.0, lección aprendida

En la siguiente fase evolutiva de las Smart Cities descubrimos las fronteras de la tecnología, la importancia de dejar claros los requerimientos de cada proyecto y de alinear las expectativas.

  1. Tenemos un largo camino para ser una commodity. Mientras los proyectos permanezcan en un estado experimental y anclados a la etapa piloto con unos pocos cientos de unidades de sensores instaladas, no será posible considerar el hardware como una commodity. Pienso que el Internet de las Cosas -IoT en inglés- es como una nueva era del ferrocarril; el hardware no es nada sin sus vías y, en ese sentido, primero hay que instalar las vías que después ya llegarán los servicios.
  2. La interoperabilidad es la clave. En una ciudad coexisten múltiples servicios y no hay un único proveedor de todos ellos. Con todas las nuevas tecnologías de radio y las plataformas cloud compitiendo para ser las únicas, la interoperabilidad es la clave de cualquier proyecto. Esta característica es la define a la plataforma Waspmote creada por Libelium, una plataforma de sensores inalámbricos que es capaz de conectar más de 100 sensores diferentes, que es compatible con cualquier plataforma cloud y que permite utilizar más de 20 protocolos de comunicación diferentes.

Además, las ciudades que contratan soluciones para ser Smart Cities aprecian en mayor medida los servicios de instalación y mantenimiento de esa tecnología. De hecho, los sensores tienen que ser calibrados y reemplazados periódicamente así que es preciso que el hardware sea fácil de instalar y de reprogramar. En este sentido, cada vez se valora más más la precisión de los equipos por encima del precio ya que la cantidad de unidades a instalar no resulta tan importante como su utilidad real y su capacidad de interoperar en diferentes proyectos.

En las ciudades inteligentes de esta nueva era 2.0, son los ciudadanos los que deben demandar mejores servicios enfocados a mejorar su calidad de vida. Los servicios básicos de luz, energía, agua y transporte resultan cruciales; pero también la calidad del aire, del agua y la contaminación acústica son parámetros que afectan a todos de forma creciente.

Y es que la lucha por la sostenibilidad ha dado un paso al frente y esto implica conceptos como la resiliencia urbana, la habilidad para afrontar con urgencia los riesgos del cambio climático u otros desastres naturales que puedan producirse en nuestras ciudades.

Un caso real que ejemplifica esto lo encontramos en la reacción de los ciudadanos ante los sistemas de detección de radiación nuclear en la ciudad japonesa de Fukushima. En aquella ocasión, fueron los propios vecinos los que, alertados y desconfiados de los sistemas de información pública, decidieron compartir los datos de radiación que registraban sus dispositivos creando un mapa abierto de niveles de riesgo.

Esto demuestra que las iniciativas basadas en Open Data pueden incrementar la transparencia de las actividades municipales. Y realmente considero que esto es una garantía muy importante para la regeneración de la democracia. De hecho, podría constituir el mayor legado del Internet de las Cosas en este siglo.

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