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España toma la delantera en las negociaciones que encabeza la OCDE para diseñar un impuesto global en relación a la “Tasa Google”. Pero, ante la presión de EE UU, que ha amenazado con aranceles a los países que graven a sus tecnológicas, aplaza el cobro a final de año, cuando la OCDE prevé tener lista su propuesta. “No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año”, dijo este lunes la vicepresidenta Nadia Calviño.

La tasa Google, cuyo pago debería fraccionarse trimestralmente, se abonará de manera excepcional este 2020 a final de año, como avanzó este lunes en Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

La tasa Google es un tributo que está en el centro del debate internacional y en el radar de varios países. Tiene el objetivo de que grandes plataformas como Google o Facebook tributen en los países donde hacen negocio en lugar de desviar beneficios a territorios con baja fiscalidad. Su implantación está siendo sin embargo complicada ante las amenazas de Estados Unidos, sede de las principales tecnológicas mundiales, de imponer aranceles a quienes graven la actividad de sus empresas.

El desafío de Washington ha llegado al corazón de la UE, a la que ha amenazado con nuevas tasas comerciales sobre los automóviles si sigue adelante con su proyecto de impuesto digital, que de momento está parado tras fracasar las negociaciones entre Estados miembros.

De momento, el debate en el seno de la OCDE gira en torno a dos propuestas: que las grandes corporaciones —no solo tecnológicas, en un guiño a Estados Unidos— tributen allí donde estén sus usuarios; y que se fije un tipo mínimo global del impuesto de sociedades para desincentivar el desvío de beneficios a territorios con reglas fiscales más ventajosas.

Por su parte la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha rechazado la aprobación y ha advertido de las “duras consecuencias” para la economía española que se derivarán su aplicación unilateral.

En un comunicado, la asociación ha incidido en que el impuesto digital presentado este martes por el Gobierno derivará en “una fuerte pérdida de competitividad” en las empresas españolas, produciendo la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en España y aislando al país del contexto digital global.

Desde Adigital apuestan por una regulación “aceptada y consensuada a escala global” y remarcan la necesidad de abordar un debate dirigido a la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, y también en el ámbito impositivo. Ha recordado que este debate debe abordarse desde el punto de vista internacional, especialmente dado el carácter global y digitalizado de la economía, y “nunca de manera unilateral” como la pretendida por el Consejo de Ministros para España.

Además, recuerda que medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una “fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores” y estima que esta solución transitoria sería también un “claro obstáculo” para la participación del país en el debate internacional, dejando a España en “una situación de excepcionalidad hasta el necesario acuerdo a nivel internacional”.

El Gobierno calculó en 2019 que estas medidas arrojarán ingresos por 2.000 millones de euros. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda consideró este lunes que estas previsiones “podrían estar sobreestimadas”. Una advertencia que otros organismos, como la Comisión Europea, ya hicieron hace un año.

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