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Mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo se toma su tiempo para analizar la ley de Economía del Conocimiento, poniendo en suspenso sus ventajas impositivas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó una baja de las retenciones a las exportaciones que tributan las empresas de ese sector.El organismo que preside Mercedes Marcó del Pont publicó en el Boletín Oficial la resolución correspondiente que tornó operativo lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del pasado 23 de diciembre, que redujo del 12% al 5% los derechos de exportación.

En la práctica ese 12% no se cumplía porque tenía un tope de 4 pesos por dólar exportado. El esquema lo puso en marcha en octubre de 2018 el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el marco del ajuste fiscal que aplicó ese año, cuando extendió las retenciones a todos los sectores.

La realidad es que con relación al esquema que estuvo vigente hasta hace unos días, se produce una baja del orden del 21%. Según explicó el especialista Sebastián Domínguez, “si se toman u$s1.000 dólares de exportación, antes correspondía pagar $4.000 (4 pesos por cada dólar) y ahora es el 5% en dólares que equivale a $3.150”. No obstante, Domínguez aclaró que esta ventaja estará disponible “mientras el dólar se mantenga en el actual nivel, pero cuando llegue a 80 pesos será igual y sí supera ese valor pagarán más”. Eso es en lo relacionado a los pesos, porque más allá de la evolución de la cotización, en rigor, el Gobierno siempre estará cobrando un 5% en dólares”, explicó el especialista.

La medida se interpretó como un guiño que le da el Gobierno al sector, mientras mantiene suspendidas las ventajas fiscales de la Ley de Economía del Conocimiento, para analizar un nuevo esquema que potencie los beneficios a las pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dispuso la semana pasada poner en stand by la aplicación de la promoción, consistente en una tasa de Impuesto a las Ganancias del 15% y reducción de aportes y cargas patronales para las empresas. El funcionario también dijo que se espera revisar los encuadramientos, puesto que la Ley de Economía del Conocimiento es una continuidad de la Ley de Promoción del Software y bajo la nueva normativa se incorporaron medio centenar de nuevas actividades.

La idea que tienen los funcionarios de Desarrollo Productivo es otorgarle mayor beneficio fiscal a las pymes por sobre las compañías grandes. Eso implicaría la obligación de enviar un proyecto de ley al Congreso.

Modificaciones probables de la Ley  de Economía del Conocimiento

Incremento paulatino de la cantidad de empleados. Se tomaría como base la cantidad de personal a la inscripción al régimen y, para mantenerse dentro de este, se exigiría un incremento de personal cada dos años. Ese incremento oscilaría entre dos y cinco por ciento. Si bien el objetivo de crear fuentes de trabajo siempre es positivo, la historia de nuestro país ha demostrado que es muy difícil cumplir con este tipo de requisitos.

Y si una empresa no llega a generar nuevas fuentes de trabajo, perdería los beneficios a los dos años y se encontraría con un incremento de los costos tributarios, lo que afectaría su actividad.

Suba de las exportaciones. Se tomaría un período base para determinar el monto de exportaciones y, para mantenerse en el régimen, se exigiría un incremento de las exportaciones cada dos años, que oscilaría entre dos y cinco por ciento. También este es un objetivo positivo, pero no se deben olvidar las restricciones del mercado de divisas por las que atraviesa nuestro país, que pueden tener efecto en la futura actividad de las empresas.

Disminución de los años de estabilidad fiscal. El período de estabilidad fiscal pasaría a la mitad. Entendemos que este cambio podría afectar las inversiones y el desarrollo de las empresas de la economía del conocimiento. Resulta necesario brindar un horizonte de estabilidad tributaria para el desarrollo del sector y sería conveniente mantener la estabilidad fiscal por 10 años.

Modificaciones en la alícuota del Impuesto a las Ganancias. En la actualidad se contempla una alícuota disminuida del 15 por ciento para las empresas de la economía del conocimiento, sin ninguna diferenciación entre el tamaño de ellas. El objetivo del Gobierno sería establecer diferentes alícuotas para dos tipos de empresas: empresas grandes por un lado y micro, pequeñas y medianas (mipymes) por el otro. Habrá que ver cuáles son las alícuotas que incluiría el Poder Ejecutivo en el proyecto. La alícuota para las mipymes sería menor que la que deberían aplicar las empresas grandes.

Cupo fiscal. Se podría establecer un cupo fiscal para limitar el costo fiscal del régimen. Sería según la categoría de las empresas (grandes por un lado y mipymes por el otro). Si bien es necesario conocer y evaluar el impacto de todo régimen de promoción fiscal, establecer un cupo fiscal podría afectar las decisiones de inversión y desarrollo de las empresas. Se deberán conocer cuál es el monto del cupo fiscal, la actualización que tendrá por la inflación, su periodicidad, el mecanismo para asignarlo, entre otras cuestiones para poder analizar el impacto que puede tener en las decisiones empresariales.

Modificación del porcentaje de rubros promovidos. Para beneficiar a las mipymes, se establecerían escalas para la exigencia de los montos de ingresos por las actividades promovidas, más flexibles que el parámetro actual.

Desarrollo de la actividad en el interior del país. Habría beneficios para quienes abran nuevas oficinas en el interior del país, fuera de los grandes centros urbanos.

La creación de un “fondo del conocimiento”. Se disminuiría el porcentaje de fondos asignados al Fondce y a las auditorías obligatorias del régimen.

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