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La empresa española recibió el visto bueno de las autoridades para la adquisición de GVT, mediante el pago de € 4.660 millones en efectivo a Vivendi, más una cuota del 12% en Vivo.  El operador consiguió las aprobaciones del Consejo Administrativo de Defensa Económico (Cade).

El organismo antimonopolio también aprobó la operación de cesión de Telco, holding que es el mayor accionista de Telecom Italia, la firma de acuerdos negociados con Telefónica, GVT y Telefónica de Brasil. Como contraprestación, el Cade exigió la reducción gradual de la participación de Vivendi (controladora de GVT) en el capital de Vivo, en plazo determinado, y la alineación de las restantes acciones de Telefónica en Telecom Italia, de 6,5% en los cuatro meses después de la firma de los contratos.

Otra de las exigencias pretende la renuncia de derechos políticos de Telefónica en Telecom Italia (controladora de TIM Brasil), algo que fuera oficializado por Telefónica al mercado. De acuerdo con el redactor de la materia, el consejero de Márcio de Oliveira, después de un extenso análisis, las preocupaciones de competencia se resumirán a los municipios paulistas de Arujá, Suzano, Votorantim y Guarulhos, donde fueron verificadas concentraciones horizontales en los mercados de banda ancha y telefonía fija.

En el acuerdo con Telefónica, el operador se comprometió a reducir su participación accionaria en Telecom Italia con la finalidad de asegurar la independencia entre los negocios de los grupos económicos a quien pertenecen las empresas. Así, con la cesión de Telco, que garantiza una participación directa del 14,8% del operador en Telecom Italia, Telefónica traspasará el 8,3% a Vivendi, a cambio de GVT.

En términos operativos, el acuerdo prevé el mantenimiento de las ofertas y de los servicios actualmente disponibles por las empresas. De esa manera, el acuerdo determina, entre otras obligaciones, la no reducción de por lo menos por tres años, de la actual cobertura geográfica de atención de GVT y del Grupo Telefónica para telefonía fija, banda ancha y TV paga, absteniéndose de discontinuar la oferta o de substituirla por planes inaccesibles para los usuarios ya atendidos.

Las empresas se comprometieron a mantener la media nacional mensual de la velocidad de acceso de banda ancha contratada por los clientes actuales de GVT en, por lo menos, 15,1 Mbps. Mientras que para el Estado de San Pablo, la media mensual debe ser de al menos 18,25 Mbps. En ambos casos, la determinación vale por tres años como mínimo.

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