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Telefónica y el Gobierno de Colombia van a inyectar 6,45 billones de pesos (unos 1.842 millones de euros) para capitalizar ColTel, la filial de la multinacional en Colombia, de los que 1.243 millones de euros corresponden a la operadora por ser la accionista mayoritaria.

Telefónica tendrá que aportar esa cantidad por poseer una participación del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), mientras que al Gobierno colombiano, propietario del 32,5 % restante, le corresponde aportar 2,1 billones de pesos (unos 599 millones al cambio actual), en función del proceso de capitalización aprobado hoy por ambos accionistas.

En un comunicado, la multinacional ha asegurado que esta operación no tiene “un impacto financiero relevante” en sus cuentas y supondrá “únicamente” un incremento de unos 40 millones de su abultada deuda, que se situó a cierre de junio en casi 48.500 millones de euros.

La capitalización se articulará en dos ampliaciones de capital, la primera de las cuales, por importe aproximado de 1.370 millones de euros (de los que Telefónica aportará unos 925 millones), se destinará al pago íntegro y anticipado de las obligaciones con la gestora de fondos de pensiones PARAPAT. Así, dicho contrato se extinguirá de forma anticipada y se producirá el traspaso a Telefónica Colombia de los bienes, derechos y activos de telecomunicaciones asociados al mismo.

Con esta operación, según ha destacado la multinacional en un comunicado, “se refuerza la posición financiera de Telefónica Colombia”, lo que -unido a las inversiones realizadas en los últimos años- “le permite afrontar una nueva etapa”.

Laudo del tribunal arbitral

Adicionalmente, los dos socios han aprobado una ampliación de por 1,65 billones de pesos (aproximadamente 472 millones de euros, de los que 318 corresponden a Telefónica) para hacer frente al pago “en tiempo y forma” del laudo dictado por un tribunal arbitral colombiano.

En julio pasado, un tribunal de arbitraje de Bogotá determinó que Claro (filial de América Móvil) y ColTel (participada en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el Gobierno colombiano) debían pagar unos 1.584 millones de dólares (unos 1.326 millones de euros) por concepto de bienes, equipos e infraestructura previstos en los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994.

En el comunicado, Telefónica ha destacado que la ejecución del pago “no implica que la compañía comparta el contenido del laudo arbitral, por lo que Telefónica reitera su desacuerdo con el mismo, considerándolo no ajustado a derecho, injusto, desproporcionado y arbitrario”. En este sentido, la operadora no renuncia a presentar todos los recursos y acciones legales correspondientes contra dicho laudo ante las distintas instancias nacionales e internacionales, ha añadido.

Según la multinacional, la ejecución de ambas operaciones, y la consiguiente cancelación anticipada de la deuda contraída con el PARAPAT, “no tiene un impacto financiero relevante” en el grupo, “implicando en conjunto únicamente un aumento de la deuda financiera neta consolidada de unos 40 millones de euros”, aproximadamente el 0,1%. Esto se debe a que hasta ahora el 100% de las obligaciones con el PARAPAT, sin considerar ciertos ajustes adicionales, estaban consolidadas globalmente en los estados financieros del grupo.

La deuda neta del grupo, uno de los grandes lastres de la operadora, se situó en 48.487 millones a junio y se redujo en 3.706 millones con respecto a hace un año, aunque frente a marzo la reducción fue sólo de 279 millones.

Fuente: el economista.es

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