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La administración de Mauricio Macri comenzó a marcar el campo de las telecomunicaciones argentinas. Por medio del decreto 13/2015, el nuevo Presidente creó el Ministerio de Comunicaciones, con Oscar Aguad, un ex diputado nacional enrolado en las filas de la Unión Cívica Radical. El radicalismo integró el frente Cambiemos, que depositó a Macri en la Presidencia y contribuyó con tres nuevos Ministros –incluyendo a Aguad- en el gabinete.

Entre los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia, se menciona que bajo el Ministerio de Comunicaciones “funcionarán los organismos descentralizados Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), ambos actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación”.

Así mencionados, los cambios forman parte del organigrama del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el artículo 23 de la norma establece que el Ministerio de Comunicaciones tendrá a su cargo, entre otros puntos, “ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia”, es decir, AFSCA y AFTIC. Ambos organismos surgieron de diferentes normas: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Ley Argentina Digital, respectivamente. Ambas leyes fueron aprobadas por el Congreso Nacional, aunque la última aún no fue reglamentada. En los textos se los indicó como las autoridades autárquicas de aplicación de las respectivas leyes. En otras palabras, el decreto de Macri modifica –para las telecomunicaciones- dos leyes y, en consecuencia, todo el andamiaje legal: el Ministerio de Comunicaciones sería tanto el órgano político como regulador.

AFSCA y AFTIC tienen una estructura similar. Los cargos de presidente y un director son nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional por un periodo de cuatro años, con posibilidad de una reelección. Los periodos de los presidentes de estos organismos difieren en su inicio con el del Presidente de la Nación.

Las leyes indicaron intencionalmente que existan diferencias de tiempo entre la culminación del mandato de los presidentes de los reguladores y el titular del Poder Ejecutivo Nacional. De esta manera, se buscó mantener que la aplicación de las leyes no dependa del presidente argentino de turno. Esta modalidad es acorde a prácticas internacionales. Sin embargo, los directorios de AFSCA y AFTIC no dependen de concursos públicos, sino de acuerdos y simpatías políticas.

Directorio de AFSCA y AFTIC

El caso más problemático, por el momento, es del de AFSCA. Mauricio Macri quiere remover al titular del organismo, Martín Sabbatella, que tiene mandato hasta 2017. Sabbatella dice que permanecerá en su cargo según lo estable la ley. El organismo es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La norma, entre otras cosas, que varios grupos de medios –TV, radios y TV paga- deben adecuarse (léase desinversión, venta de activos) de acuerdo con diferentes parámetros, como cantidad de licencias y participación de mercado, entre otros. Uno de los más afectados por la norma es el Grupo Clarín, holding que se enfrentó duramente con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La búsqueda de la salida de Sabbatella indica un claro acercamiento entre el nuevo presidente Macri y el grupo de medios, propietario de Cablevisión, el mayor prestador de TV por cable y uno de los principales proveedores de banda ancha fija.

AFTIC luce menos comprometido en el enfrentamiento, aunque también tiene cuestiones que atañen a Clarín, como la negativa a la venta de Nextel al holding liderado por Héctor Magnetto. Según consignó la agencia Telam, Norberto Berner, presidente de AFTIC mantuvo reuniones con el ministro Aguad, quien le aseguró que el organismo continuará funcionando de la misma manera que lo viene haciendo.

El caso de AFSCA –con Clarín más involucrado en sus decisiones- es muy diferente. Allí el enfrentamiento es abierto entre las nuevas autoridades nacionales y el regulador.  De hecho, el nuevo ministro Aguad manifestó públicamente que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños”, dijo. Y llamativamente agregó que “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del Presidente”.

Cuestiones legales

Mauricio Macri estableció el Ministerio de Comunicaciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Es una herramienta que se utiliza cuando el Congreso está en receso (las sesiones ordinarias van del 1 de marzo al 30 de noviembre). Si bien el Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias, Macri no lo hizo y prefirió la vía de los DNU, una herramienta extrema de manejo de gobierno. De todas formas, el Congreso debe avalar los DNU una vez que retome su funcionamiento habitual.

Los DNU pueden ser frenados por un juez para acreditar la “necesidad y urgencia” del decreto. No se prevé que este sea el caso.

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