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La Resolución 1466/20 que define el tope máximo de aumento de precios en 5%, para todos los servicios de TIC y sin diferenciar entre planes o capacidad de pago, es una medida contraria al desarrollo de la industria y que va en la dirección opuesta al crecimiento socioeconómico del país. Este aumento, que carece de fundamentación técnica, no permite cubrir los costos en un contexto inflacionario[1] y donde la moneda local se ha devaluado un 25% solo en 2020, mientras la industria mantiene en dólares buena parte de sus costos. Considerando, además, que los precios de los servicios móviles prepago (el 60% de las líneas) se han mantenido congelados desde finales de 2019, y en el caso del resto de servicios, desde marzo de este año.

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Esta medida unilateral atenta contra la certidumbre necesaria para la planificación e implementación de inversiones. La resolución perjudica el acceso al financiamiento competitivo y elimina incentivos para el desarrollo del ecosistema digital y la innovación, poniendo en riesgo los servicios prestados por más de 1200 licenciatarios que operan en competencia en el país. La medida compromete la sustentabilidad de un sector que también ha sufrido pérdidas durante la pandemia, con un entorno económico complejo donde aumentó la morosidad.

La industria de las telecomunicaciones ha sido esencial para el mantenimiento de la actividad económica durante la emergencia sanitaria, y se ofrecieron planes de apoyo y flexibilidad en beneficio de la población más vulnerable. Así mismo, la industria contribuye al Fondo de Servicio Universal en su compromiso con la inclusión y el cierre de la brecha digital.

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Organizaciones internacionales como la CEPAL o la OCDE apuntan a que la transformación digital es clave para la recuperación económica post pandemia. A nivel internacional, la libertad de precios es la regla para los servicios móviles, de internet y de TV paga prestados en competencia. Cualquier intervención ex ante en el mercado minorista requiere rigurosidad técnica para no poner en riesgo la sostenibilidad y comprometer el desarrollo futuro de la industria.

Las operadoras socias de ASIET están comprometidas con los argentinos en contribuir a cerrar la brecha digital, expandir la cobertura y calidad de los servicios; y a disposición para trabajar en conjunto para retomar un camino de certidumbre e impulso a la actividad productiva y la innovación, siempre a través del diálogo público-privado.

[1] Argentina ha tenido una inflación de 26.9% entre enero y octubre de 2020. El país cupa desde 2010 el segundo lugar en el ranking de los países de América Latina con mayor inflación. Este año, según estimaciones, la inflación en Argentina podría rondar el 35% y llegar al 50% en 2021.

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