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El baile de fusiones en España ha comenzado, y ya es imparable. CaixaBank y Bankia, tras anunciar en la noche del jueves el inicio de sus negociaciones para su fusión y crear el primer banco del país con unos activos de unos 630.000 millones de euros, tienen previsto convocar a sus respectivos consejos de administración para el domingo 13 de septiembre (aunque puede haber modificaciones) para aprobar la operación si las negociaciones actuales siguen su curso.

Los máximos órganos de gobierno de ambas entidades esperan contar para entonces con los resultados de la due diligence (auditoría legal) que les permita disponer de todos los datos sobre la mesa para adoptar la decisión de seguir adelante o no con la operación.

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Ambos consejos autorizaron el inicio de las negociaciones, que arrancaron de forma discreta en febrero, justo antes de la pandemia, y para su pertinente asesoramiento contrataron a sendos bancos de inversión (Morgan Stanley en el caso de CaixaBank y Rotschild en el de Bankia), además de consultoras (Deloitte y EY, respectivamente) y asesores legales (Uría Menéndez y Garrigues, respectivamente).

El calendario que manejan todas las partes es poder convocar sus respectivas juntas extraordinarias de accionistas a finales de septiembre, para celebrarse un mes después.

Antes, de cualquier forma, un experto independiente debe emitir su dictamen sobre la operación, que suele tardar unos 15 días, y sería tras esta decisión cuando se convocarían las asambleas. De esta forma, la fusión jurídica se podría cerrar a finales de este año, y la integración total de redes e informática en un año como mínimo, según apuntan varias fuentes del mercado.

Economía tendrá la última palabra

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank y, una vez disponga de las conclusiones de dicho informe, será Economía quien tenga la última palabra sobre la operación, según fuentes financieras.

El BCE debe aprobar adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o derechos de voto de la entidad o superen los demás umbrales pertinentes (20%, 30% o 50%).

“En principio, el BCE no tiene preferencias en relación con el tamaño y no disuade a las entidades de convertirse en más grandes”, explica el BCE, aunque recuerda que para las entidades “demasiado grandes para quebrar” existen normas acordadas internacionalmente que exigen colchones de capital adicional y/o capacidad de absorción de pérdidas a las entidades grandes y sistémicas.

El Consejo de Supervisión del BCE anunció en julio que “facilitará” la consolidación del sistema bancario de la zona euro mediante el uso de sus herramientas supervisoras, por lo que no exigirá unos requisitos de capital más elevados a las entidades que surjan de una fusión.

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