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Los países de la Unión Europea (UE) han empezado la vacunación frente al coronavirus de los primeros grupos de población —personas vulnerables y profesionales sanitarios— con un incipiente debate encima la mesa: la necesidad o no de crear un pasaporte vacunal imprescindible para cruzar fronteras, como ocurre en una treintena de países con la fiebre amarilla.

Francia ya ha mostrado sus recelos ante “un pasaporte inmunológico que restrinja el movimiento de viajeros dentro y fuera de la UE”. Lo hizo en la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea —órgano formado por expertos de los Gobiernos de los Estados Miembros— celebrada el 7 de diciembre, según consta en las actas del encuentro. “El certificado sería aceptable como prueba de que una persona ha sido vacunada y, por tanto, no sería necesario someterse a pruebas [PCR] o cuarentenas al llegar a un país”, siguió defendiendo el representante francés.

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España mantuvo una posición similar al recordar que las PCR negativas actualmente exigidas a viajeros procedentes de otros países “podrían dejar de ser necesarias” con la “existencia del certificado”. La posesión de este documento dejaría así de ser un requisito de obligado cumplimiento para convertirse en un incentivo para que los viajeros se vacunaran. Bélgica, por su parte, se mostró “a favor” de algún tipo de certificado vacunal, aunque prefiere que se haga a nivel “global” con la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En realidad, el “pasaporte” no sería un documento de nueva creación, sino que se utilizaría para esa función el llamado “certificado de inmunización”, sobre el que la Comisión Europea y los Estados Miembros ya vienen negociando en los dos últimos meses. La función primordial prevista para estos certificados es la de farmacovigilancia: recoger los datos personales en relación con la vacuna (tipo, dosis, fechas…) para completar la información que aún no se conoce sobre ella, como cuánto tiempo durará la inmunización frente al virus.

Según un portavoz de la Comisión, que no entró en más detalles, “el uso de certificados para demostrar el estado vacunal de los ciudadanos” es una herramienta prioritaria “para garantizar la salud de la población durante la vuelta a la normalidad”.

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Fuentes comunitarias, que piden el anonimato, dan gran importancia a este asunto. “Tras el fracaso de la Unión en la primera parte de la pandemia, con los países cerrando unilateralmente las fronteras, la Comisión ha logrado un gran éxito con la compra conjunta de las vacunas para todos los países y su reparto equitativo según población. Ahora es muy importante que los planes de inmunización se desarrollen adecuadamente y los países mantengan una posición común en cuestiones como el uso de los certificados de vacunación”, explican estas fuentes. La sensación en Bruselas, en cualquier caso, es que aún hay tiempo. “El porcentaje de población vacunada seguirá siendo pequeño durante muchos meses, así que durante este periodo lo lógico es que sigan en vigor las medidas actuales y pueda cerrarse una posición común”.

La reunión del 7 de diciembre no es la última celebrada por el Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, que llevó a cabo un nuevo encuentro una semana más tarde del que aún no han sido publicadas las actas. Un alto cargo conocedor del contenido de la reunión explica que “la discusión está centrada en si se puede o no exigir un certificado de vacunación a los viajeros” de acuerdo con la normativa comunitaria. Un tema que, en todo caso, “no afecta solo a Europa, ya que entra dentro del marco del Reglamento Sanitario Internacional”, instrumento jurídico vinculante para los casi 200 miembros de la OMS que lo han suscrito y cuyo objetivo es coordinar políticas ante amenazas sanitarias susceptibles de cruzar fronteras.

Otro punto tratado en la reunión es el reconocimiento “entre países de los certificados de vacunación y los métodos, fundamentalmente digitales, que se van a utilizar para ello”. “El reconocimiento de un certificado lleva implícito el de la entidad que lo emite y la discusión está en cómo se garantiza la fiabilidad tanto de estas entidades como de los documentos emitidos”, añade este alto cargo.

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”Percepción positiva”

El certificado o pasaporte de vacunación también es un documento que, como han apuntado actores, podría exigirse en el interior de España para trabajar en sectores considerados sensibles como el sanitario o las residencias de mayores. La Estrategia de Vacunación Covid-19 en España, publicada por el Ministerio de Sanidad, por el momento no lo contempla y aboga por que la vacunación sea siempre “voluntaria”.

Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, admite que “entra dentro del marco de reflexión esperable en la situación actual la obligatoriedad de la vacuna en algunos ámbitos”. “Mi posición es que siempre es preferible que sea algo voluntario, una muestra de confianza en la bondad de las vacunas y la ciencia. Esto es lo que hasta ahora nos ha permitido unas coberturas por encima del 95% en las vacunas infantiles. La obligatoriedad puede romper esa percepción positiva y tener como resultado contraproducente el rearme de posiciones contrarias a la vacunación”, defiende García.

Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, también admite que “este es un debate que ahora alcanzará a la vacuna contra el coronavirus, como antes se ha focalizado en otras”. Este especialista considera que “siempre es mejor informar, prestar atención a las dudas y contestar todas las preguntas que surjan con el objetivo de persuadir antes que imponer”.

Fuente: El País

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