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Cuando Gilmar Mendes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, relacionó la palabra “genocidio” con la actuación del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la covid-19, el debate entró en la agenda por la puerta grande. No solo en Brasil, sino en el mundo.

El 11 de julio, el magistrado afirmó:”Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto”.

Generales como el vicepresidente Hamilton Mourão y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que no solo pertenecen y representan al Gobierno de Bolsonaro, sino que también lo apoyan y lo legitiman, se alborotaron porque sintieron el riesgo real de, en algún momento del futuro próximo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Winston Churchill, en octubre de 1943 cuando salen a la luz las atrocidades que cometieron los nazis. Dijo: “Nos enfrentamos a un crimen sin nombre”. Y, entonces, un jurista polaco, Raphael Lemkin, publicó un artículo, en noviembre de 1943, donde afirmaba: “Por genocidio entendemos la destrucción de una nación o un grupo étnico”. Él es quien utiliza esta palabra por primera vez, combinando “genos”, del griego, que es raza o tribu, con la palabra latina “cidio”, que significa matar. Nunca dejó de ser un concepto controvertido, debido al negacionismo y, principalmente, al dilema de algunos países, que querían castigar el genocidio que Hitler practicó contra los judíos, pero que estaban haciendo sus genocidios en otros lugares, como los propios ingleses, los estadounidenses, los franceses, que tenían el genocidio en sus historias, algunas incluso bastante recientes.

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La muerte de miles de personas de covid-19 —ya son más de 80.000, incluso con el reconocido infrarregistro— urge que se debata con responsabilidad: ¿hay o no hay indicios de que el presidente de la República y otras autoridades brasileñas hayan cometido genocidio en su actuación ante la covid-19?

Según la jurista Deisy Ventura, coordinadora del doctorado en Salud Global y Sostenibilidad de la Universidad de São Paulo,”Ha llegado el momento de hablar sobre el genocidio fuera de la brecha de la banalización. No es solo un grito de los más débiles para llamar la atención. Ahora nos enfrentamos a indicios muy significativos de que se está produciendo un genocidio en Brasil.”

“Primero, debo decir que, en lo que respecta a la población en general, creo que existe el delito de exterminio: artículo séptimo, letra b, del Estatuto de Roma. También es un crimen de lesa humanidad. Y, en el caso específico de los pueblos indígenas, opino que puede caracterizarse como genocidio, el más grave de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de exterminio es la imposición intencional de condiciones de vida que pueden causar la destrucción de parte de una población. Lo que llama la atención, en este caso, es que el ejemplo que se utiliza en el texto del Estatuto de Roma es precisamente el de la privación del acceso a alimentos o medicinas. Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno federal ha asumido el comportamiento que todavía tiene hoy: por un lado, el negacionismo con relación a la enfermedad y, por otro, una acción objetiva contra los Gobiernos locales que intentan dar una respuesta efectiva a la enfermedad, contra aquellos que intentan controlar la propagación y el avance de la covid-19. Y, desde el principio, he dicho que esta política es de exterminio. ¿Por qué? Porque los estudios nos muestran que las poblaciones más afectadas son las poblaciones negras, las más pobres, las más vulnerables, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con comorbilidades. Y, desafortunadamente, ha sucedido lo que habíamos predicho. A pesar del infrarregistro —que es consensual, ya que todos están de acuerdo en que hay más casos en Brasil de los que se reconocen—, el volumen es impresionante y hay un perfil muy claro de las personas a quienes les afecta más la enfermedad. Tanto en el genocidio de la población indígena como en lo que, en mi opinión, es una política de exterminio referente a la actuación ante la pandemia, veo claramente una intencionalidad,” continúa.

En contrapartida hay hay juristas experimentados que defienden que sería difícil demostrar la intencionalidad en el caso de la actuación del Gobierno brasileño ante la pandemia.

Hay personas por quienes tengo el mayor respeto y que conocen el sistema penal internacional que piensan que no se trata de un crimen de genocidio u otro crimen de lesa humanidad, sino que sería una política fallida del Estado brasileño. Por lo tanto, solo podríamos quejarnos ante el sistema interamericano de derechos humanos u otras instancias de monitoreo del cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Yo no pienso así. Veo una intención clara.”

“El Gobierno actúa de una manera muy clara contra la salud pública. No solo difunde información falsa sobre la enfermedad y, por lo tanto, difunde el negacionismo, sino que también ha creado un conjunto de acciones, incluso por vía legislativa, para obstaculizar las medidas para combatir y prevenir la covid-19 que otros poderes habían tomado. Aquí se configuran todos los elementos: ataques sistemáticos y la intención de someter a una parte importante de la población brasileña a condiciones de vida que pueden implicar su destrucción,” enfatiza.

Es importante en este punto tener en claro cuál es el plan y la metodología de Bolsonaro para llevar adelante este exterminio de los más débiles.

“El presidente de la República es un agitador de extrema derecha y el movimiento que lo llevó al poder busca de forma ostensiva hacer del Estado brasileño una extensión de su aparato partidario. Los órganos del Estado, como la propia Secretaría de Comunicación, según el Poder Judicial, han intentado llevar a cabo campañas que incitan a la población a levantarse contra las autoridades. Tenemos una acción intencional clara y también de carácter sistemático. Una cosa es seguir las declaraciones del Gobierno a través de los directos [de las redes sociales] y la prensa, seguir estas ofensas, así como el desprecio por el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por la covid-19. Pero además de este circo de mentiras y distorsiones, también tenemos que leer el Diario Oficial para comprender qué sucede detrás de la cortina de humo. Al leerlo, vemos como se suman las evidencias clarísimas de esta intencionalidad. No son solo los discursos del presidente, sino una sucesión de actos que demuestran una intención clara y un ataque sistemático a los intentos de controlar la propagación de la enfermedad. Por eso, en mi opinión, existe una política de exterminio en curso.

Y el plan también es muy claro para quienes siguen e investigan diariamente lo que sucede con la covid-19. Lo que el presidente de la República llamó “guerra” y “jugar duro” contra los gobernadores constituye claramente un plan para obstruir la actuación eficiente de los Estados ante la pandemia, con medidas como pedirles a los empresarios que dejen de financiar las campañas electorales de gobernadores no aliados, amenazarlos constantemente en declaraciones públicas e incitar a la desobediencia civil, entre muchas otras medidas legislativas o administrativas. El presidente llegó a destituir a dos ministros de Sanidad que no estaban de acuerdo con sus planes para la pandemia.

Un gran ejemplo con relación a la población en general es la Ley 14.019, del 2 de julio, que trata sobre el uso de mascarillas. El presidente vetó la obligación de los establecimientos comerciales de poner carteles informativos sobre cómo llevar correctamente la mascarilla y vetó la obligación de los establecimientos comerciales de fijar el aforo. Se creó una ley sobre el uso de mascarillas para contener el avance de la pandemia, y fíjate que esta ley es del 2 de julio, cuando ya tenemos decenas de miles de muertos y la enfermedad se está desplazando hacia el interior del país. Y el presidente va y veta esas obligaciones. También veta la obligación de llevar mascarilla en las cárceles, en los establecimientos educativos y en los templos. Eso, sí, es banalizar el veto. Y son vetos contra la salud pública. Otro ejemplo es la demora en sancionar la norma que transfería recursos financieros a los Estados. Es un debate que, realmente, me da escalofríos. Muchos Estados ya no tenían recursos para comprar material médico, como respiradores e incluso sedantes. Entonces solicitan ayuda, el Congreso aprueba la medida y el presidente retrasa al máximo la sanción de la ley que proporciona ayuda financiera a los Estados que están en primera línea haciendo frente al coronavirus. ¿Qué es, sino obstaculizar la contención de la enfermedad?  Y sigue. El intento de manipular los números de la covid-19… Y también está el uso de cloroquina, incluso en comunidades indígenas. Al principio, la propia Organización Mundial de la Salud investigaba si era efectiva o no. Pero hoy, no cabe la menor duda [de que no lo es]. Además de todo lo que significa tomar cloroquina, todavía se quiere engañar a las personas diciendo que existe un tratamiento para la enfermedad. ¿Quieres más ejemplos? Puedo seguir durante horas.”

Enfocándonos en los pueblos indígenas la situación cobra un matiz más escalofriante.

“En relación a los pueblos indígenas muchas personas se quedaron atónitas con el hecho de que el presidente de la República vetara la garantía de acceso al agua potable. Pero, si leemos el conjunto de vetos, veremos que va mucho más allá de una supuesta crueldad con relación al agua. Se vetó la obligación de organizar la atención de complejidad media y alta en los centros urbanos, se vetó el seguimiento especial de casos que involucren a indígenas, hasta se vetó la oferta de emergencia de camas en hospitales y UCI. Se vetó la obligación de comprar o suministrar ventiladores para máquinas de oxigenación sanguínea, se vetó la inclusión de los pueblos indígenas en los planes de emergencia para el cuidado de pacientes críticos de las secretarías municipales y estatales, que incluso obligaba a la sanidad pública a registrar y notificar la declaración del paciente de raza y color. Con este veto, se intenta dificultar la identificación de los indígenas atendidos en la sanidad pública. Para que veas lo importante que es la comunicación: se vetó la obligación de preparar materiales informativos sobre los síntomas de la covid-19 en varios formatos y difundirlos por las radios comunitarias y las redes sociales con traducción y lenguaje accesible. Eso se vetó. ¡Se vetó la obligación de explicar a los indígenas la gravedad de la enfermedad! Se vetó la obligación de ofrecer conexión de internet en las aldeas para no tener que desplazarse a los centros urbanos. Se vetó la distribución de cestas básicas de alimentos, de semillas y herramientas agrícolas a las familias indígenas. Todo esto conlleva a odiar a una población que consideran inferior y subalterna, como los indígenas y los negros, que entorpecen sus intereses y son considerados un obstáculo para la racionalidad económica que defienden, la de los privilegios para los amigos del rey.

Y es una racionalidad que ni siquiera tiene que ver con preocuparse por la economía del país. El alcalde de Itabuna, en Bahía, habló muy claramente sobre el significado de esta posición cuando anunció, a principios de julio, que reabriría el comercio. Dijo: “Muera quien muera”. Y se sabe exactamente quiénes van a morir más. La élite brasileña sufrirá algo que probablemente llamarán daño colateral.

La coherencia no es algo importante para la extrema derecha, nunca lo ha sido. Es entonces cuando surge esa expresión: negacionismo. Los judíos deben demostrar periódicamente que el holocausto ocurrió, porque los negacionistas juegan con lo que se llama la carga de la prueba. Ellos no demuestran que no sucedió, pero te obligan, en todo momento, a demostrar que sucedió.

Periódicamente, tendremos que demostrar esas decenas de miles de muertes. Periódicamente, tendremos que volver a explicar cómo sucedió. Estoy absolutamente convencida de que se dará esta disputa. Será necesario hacer un memorial para estos muertos. La historia tendrá que ser contada sin cesar.

Brasil no es un país miserable, sin sistema sanitario y condenado a tener una evolución trágica de la enfermedad. Brasil es una referencia internacional en cobertura sanitaria universal. En los países en desarrollo, no hay nada que se equipare a nuestro Sistema Único de Salud. Brasil tiene profesionales sanitarios y de salud pública de muy alto nivel, todos expulsados del Ministerio de Sanidad. Brasil era uno de los países del mundo que estaba mejor preparado para combatir la covid-19.

Creo que el presidente de Brasil es sospechoso de cometer crímenes de lesa humanidad, incluido el genocidio. Y el camino por el que formulamos esta acusación es un camino importante para la sociedad brasileña, porque es otra indicación de la gravedad de lo que sucede. No referirse a alguien que aún no ha sido condenado como si ya lo hubiera sido. Pero no tengo ningún problema en decir que varias autoridades brasileñas, entre ellas el presidente de la República, me parecen sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad y deben ser investigadas,” concluye.

Fuente: con información del El País

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