Digital economy: La Unión Europea versus las big techs, la madre de las batallas por el poder real
Hace un tiempo que Bruselas está buscando la forma de frenar el monopolio de las grandes tecnológicas sin encontrar la mejor forma para lograrlo…..hasta ahora.
La Comisión Europea propuso cargar a los gigantes con la responsabilidad de cuanto difunden, obligándoles a eliminar el contenido que sea ilegal y dando acceso a sus datos a los poderes públicos para comprobar que cumplen con la ley. El Ejecutivo comunitario quiere poner punto y final a que esos gigantes impongan su ley al resto, para lo que se valdrá de multas multimillonarias y, en última instancia, incluso la obligación de vender unidades de negocio.
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La Comisión Europea lanzó los proyectos de Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y de Mercados Digitales (DMA). Los textos van más allá de ser una mera actualización de la norma de comercio electrónico aprobada en el año 2000. Como prueba, fuentes comunitarias señalan que en las últimas semanas el activismo de los lobbies se ha multiplicado ante la que se erige como una de las normas más estrictas del mundo. Y esas presiones no han hecho más que empezar, puesto que esos reglamentos deben viajar ahora a las capitales y al Parlamento Europeo, donde se prevé una intensa batalla entre los partidarios de endurecer o relajar el control a las grandes tecnológicas. La UE no está sola en esa batalla. El Reino Unido presentó también su ley para poner coto al poder de esas corporaciones.
Las plataformas serán castigadas con multas multimillonarias –que pueden llegar al 6% de su facturación global– en caso de que incumplan con el ejercicio de transparencia que les demanda la Comisión.
Las reglas impulsadas por la vicepresidenta Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton también estipulan que las empresas deben garantizar que el usuario sepa “de forma clara e inequívoca y en tiempo real” si la información que recibe es un anuncio, quién o cuál es la persona o empresa que está detrás de él e “información significativa” sobre “los parámetros utilizados para determinar” el destinatario a quien se muestra el anuncio. El control de que se cumplen las normas recaerá sobre la figura del coordinador nacional de servicios digitales, que será quien acceda a los datos de la plataforma y trabaje en cooperación con el resto de los responsables europeos.
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Un alto funcionario comunitario ha destacado que la norma afecta a todas las empresas, si bien las grandes corporaciones –aquellas con al menos 45 millones de usuarios (aproximadamente el 10% de la población europea)– tendrán mayores obligaciones. Entre otras cosas, estarán sometidas anualmente a una auditoría anual independiente. En ella, se les someterá a una evaluación sobre derechos fundamentales, discriminación, libertad de expresión o manipulación para, a continuación, adoptar medidas para mitigarlos, ya sea con códigos de conducta o la moderación de los contenidos.
Bruselas lleva años batallando contra el dominio del mercado de gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple, Amazon o Microsoft. Por ello, la Comisión Europea ha decidido introducir reglas para los gigantes que sean considerados gatekeepers [actores con control de acceso al mercado], que según Bruselas pueden acabar convirtiéndose en “legisladores privados” dentro del mundo digital.
La propuesta de la Comisión fija que serán consideradas gatekeepers empresas afianzadas que cumplan varios requisitos, como una capitalización de al menos 65.000 millones. Aparte de las cinco empresas antes citadas, AFP estimó que hay otras cinco compañías que entrarían dentro de esa categoría: Booking, Alibaba, Bytedance, Snapchat y Samsung. “No es una propuesta en contra de nadie, sino a favor. A favor de los ciudadanos, la democracia, la innovación y la competencia justa”, afirmó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
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Otra medida que preocupa a corporaciones como Google es la prohibición de vincular negocios, que ha sido una de las claves para crecer de muchas de esas plataformas. La Comisión prevé un régimen de sanciones que va desde multas económicas del 10% de la facturación global hasta, en el caso de reincidencia, el desmantelamiento de la empresa en Europa mediante desinversiones o la separación de unidades de negocio.
“Nos proponemos que las empresas que operan en Europa puedan competir libre y justamente de forma online del mismo modo que lo hacen offline. Esto es un solo mundo. Debemos poder hacer nuestras compras de una forma segura y creer las noticias que leemos. Porque lo que es ilegal lo es tanto online como offline”, expuso Vestager.
