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La pandemia dejó en evidencia la necesidad de facilitar los despliegues de infraestructura para garantizar la conectividad. Las dificultades que estos desarrollos acumulan a lo largo de los años deben superarse a fin de trabajar en la reducción de la brecha digital.

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“En este contexto de emergencia sanitaria y de mayor demanda de conectividad por parte de instituciones públicas, privadas y más individuos que teletrabajan o estudian desde sus hogares, resulta de suma importancia que las autoridades otorguen todas las facilidades para permitir el despliegue de nuevas redes y el mantenimiento eficaz de las existentes, permitiendo el libre movimiento del personal técnico y su acceso a los sitios”, apunta Josefina Hernández Gazcón, Directora de Legales y Asuntos Públicos para Argentina y Paraguay de American Tower y Vocal en Cicomra.

América Latina sufre un déficit crónico en infraestructura lo que impide su desarrollo y su crecimiento. Si los países toman el compromiso de asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de cara a 2030 la inversión en infraestructura deberían incrementarse hasta el 2,5 por ciento del PBI.

“Las problemáticas para los despliegues van desde la burocracia para obtener permisos hasta las disputas entre operadores cuando comparten espacios comunes. La neutralidad es la solución a dichas disputas. Pero aparte de las disputas per se, la neutralidad, que necesariamente incluye la compartición de infraestructura, eficientiza costos, reduce la contaminación visual, y garantiza una mayor penetración de todos los operadores. Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo singular de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la generación de incentivos para promover una mayor colaboración público-privada”, agrega Hernández Gazcón.

Los gobiernos locales o municipios latinoamericanos poseen autonomía constitucional para dar permisos de instalación de antenas y derechos de vía para el tendido de fibra óptica, lo que veces interfiere con la provisión de servicios de telecomunicaciones/Internet, de competencia nacional. “Con frecuencia, en la mayoría de los países de la región, la regulación local se ha venido imponiendo sobre lo nacional/federal, volviéndose muy restrictiva, poco transparente, burocrática y hasta irracional para la obtención de permisos municipales”, cuenta la Directora de Legales y Asuntos Públicos para Argentina y Paraguay de American Tower.

“Experiencias en otros gobiernos de la región han ayudado a reducir los tiempos administrativos de despliegue. Por ejemplo, Colombia emitió recientemente un decreto que reduce el silencio positivo administrativo para el otorgamiento de permisos de 60 días a 10 días durante la emergencia del COVID-19, o el municipio de Campinas, en Brasil, reglamentó el otorgamiento de permisos precarios de construcción, con un plazo de un año para obtener la licencia permanente”, señala Hernández Gazcón.

La misma situación se da cuando aplican sus propias interpretaciones sobre el tema de radiaciones no ionizantes y fijan sus propias consideraciones de distancias mínimas y alturas de torres, uso de espacios públicos o modos de medirse el impacto ambiental. Esto ha hecho que existan un sinnúmero de legislaciones para regular elementos que, aun siendo estándares y comunes, terminan constituyéndose en barreras para el desarrollo local y nacional.

“Argentina tomó un paso importante con la creación vía resolución de la ‘Ventanilla Única’ por ENACOM. Está actualmente pendiente la reglamentación de dicha resolución que tiene como objetivo reducir la demora en el trámite de permisos municipales para el despliegue de soluciones fijas y móviles”, explican desde American Tower.

Sebastián Cabello, Director de SmC+ Digital Public Affairs, subraya que se deben promover todas las formas posibles de uso del espectro, principalmente el de uso libre (o no licitado) y compartido: “Esto es la base para que se construyan redes híbridas y que los proveedores de conectividad tengan un menú más amplio de opciones para ofrecer conectividad, por ejemplo, TV White Spaces, CBRS, extensión del WiFI o inalámbrico fijo vía LTE”.

Estas posturas son compartidas por Sebastián Bellagamba, Director Regional para América Llatina y el Caribe de Internet Society, quien sostuvo que es necesario “habilitar licencias para operadores en áreas no cubiertas o con deficiencias de servicio, con trámites simplificados para operadores comunitarios y utilización de los fondos de Servicio Universal. En la interacción entre ambas cosas se puede hacer una gran diferencia”.

Para Cabello se debe tener “una visión más amplia que premie a los que promuevan soluciones comerciales sostenibles y escalables”. Y por ello se pronunció a favor de premiar, favorecer, estimular las asociaciones de empresas para compartir recursos/infraestructura para dar conectividad. “Estimular a la industria de torres que hoy está creciendo en todo el mundo como actores especializados en la gestión de activos. Esto también implica eliminar barreras locales al despliegue e implementar la ventanilla única de verdad, con gestión unificada de trámites y aprobación automática o silencio positivo a partir de una Ley de Infraestructura crítica”, agrega Cabello.

Por último, el Observatorio de la Digitalización de la Corporación Andina de Fomento (CAF) sostiene en sintonía que, entre las prioridades para el ecosistema digital, resulta necesario eliminar de manera temporal cualquier restricción para el despliegue, actualización o mejora de infraestructura de banda ancha, especialmente las vinculadas con la instalación de las estaciones base de servicios móviles.

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