Tim Cook, CEO de Apple
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Apple ha ganado la batalla. “El tribunal General de la UE anula la decisión tomada por la Comisión Europea sobre los acuerdos fiscales irlandeses a favor de Apple”, escribió ayer en Twitter la corte con sede en Luxemburgo.

El conflicto entre Europa y el gigante tecnológico se remonta a 2016, cuando el ejecutivo comunitario decidió pedir a Apple la devolución de los 13.000 millones de euros al considerar que la compañía estadounidense se había beneficiado de dos ayudas fiscales irlandesas que redujeron su carga fiscal durante más de dos décadas hasta un 0,005%. Tanto Dublín como Apple recurrieron esta decisión.

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En concreto, los beneficios de las ventas internacionales de la compañía comandada por Tim Cook tributaban en Irlanda para pagar un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1 % sobre los beneficios generados en Europa. Aunque esta práctica se llevó a cabo desde 1991, la Comisión Europea solo pudo ordenar la recuperación del dinero no pagado durante un periodo de diez años anterior a la primera solicitud de información, que se remonta a 2013. Según sus cálculos, ascendieron a 13.000 millones de euros desde 2003. Según Bruselas, esto supone que Apple pagaba 50 euros en impuestos por cada millón de beneficios.

Un error

Ahora, el TUE determina en su sentencia que no ha podido demostrar que Apple se beneficiase desde 1991 de ayudas públicas que falsearon la competencia del mercado interior y asegura que se concluyó “erróneamente” que Dublín había concedido una ventaja selectiva a Apple por no haber atribuido a sus filiales irlandesas las licencias de propiedad intelectual del grupo propiedad de Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE). Esto supuso que tampoco se adjudicaron a las filiales irlandesas de la multinacional todos los beneficios obtenidos de las ventas del grupo fuera del continente americano.

Según el TUE, la Comisión “debería haber demostrado que esos ingresos provenían de actividades realizadas realmente por las filiales irlandesas” a través, por un lado, de actuaciones efectivamente ejercidas por ellas o, por otro, con “decisiones estratégicas” a aplicar más allá de su ámbito.

En segundo lugar, la Justicia europea ha dictaminado que el Ejecutivo comunitario tampoco ha podido demostrar la existencia de “errores metodológicos” en los acuerdos fiscales entre Dublín y Apple que condujeran a una reducción de los beneficios de la multinacional que debían ser gravados en Irlanda.

“Aunque el Tribunal General lamenta la naturaleza incompleta y a veces inconsistente de los ‘tax rulings’ cuestionados, los defectos identificados por la Comisión no son, en sí mismos, suficientes para demostrar la existencia de una ventaja” incompatible con el Derecho comunitario, explica.

Por último, los jueces europeos señalan que el departamento de Vestager no ha podido demostrar que los acuerdos fiscales fueron fruto de un “poder discrecional” por parte de las autoridades fiscales irlandesas.

Los servicios de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, disponen ahora de un plazo de dos meses y diez días para decidir si recurren el fallo ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia.

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