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Se espera que dentro de unas semanas se presente una nueva demanda contra Google por su dominio en el campo de las búsquedas en Internet.

Dos de las cuestiones económicas más importantes en los próximos años serán: ¿Cómo evolucionará la relación entre EEUU y China, y cómo restringirán los países el poder de las empresas monopolísticas?

Según un estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los dos principales ganadores en el campo de la economía a nivel mundial en los últimos 30 años han sido China y las grandes empresas. A medida que han crecido, el porcentaje del PIB que representa la mano de obra nacional ha disminuido en EEUU y en la mayor parte del mundo.

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Esto no es un argumento que justifique la incoherente guerra comercial de Donald Trump contra China, pero sí poner freno a la concentración de poder en las empresas, que ha reducido la vitalidad de la economía estadounidense en los últimos 30 años.

El Departamento de Justicia finalmente está empezando a hacerlo. Se espera que dentro de unas semanas presente una nueva demanda contra Google por su dominio en el campo de las búsquedas en Internet, lo que constituiría el mayor caso antimonopolio en 20 años. No está claro aún lo que alegará exactamente el Departamento de Justicia, pero sería perjudicial para él que se centrara exclusivamente en los precios para los consumidores, a pesar de que ese ha sido el indicador en el que se ha basado la política antimonopolio desde la década de 1980, y de que fue un elemento clave del reciente e infructuoso intento del Departamento de Justicia de bloquear la compra de Time Warner por parte de AT&T.

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Las transacciones digitales se valoran en datos, no en dólares. Eso hace extremadamente difícil demostrar el “daño” que suponen para la economía, especialmente porque las grandes compañías tecnológicas como Google y Facebook también controlan el acceso a los algoritmos que codifican estas transacciones. El resultado es un modelo de negocio que permite a las empresas cobrar diferentes precios a distintos clientes por el mismo producto. Esto es ilegal para una tienda física, aunque no para proveedores de servicios como las aerolíneas.

En lugar de centrarse en los precios que pagan los consumidores, los tribunales y los legisladores de EEUU deben empezar a ocuparse de algo más complejo y esencial: el enorme poder que tienen las empresas en nuestra economía política. Según muchos indicadores, este poder ha hecho que los mercados estadounidenses sean menos competitivos, en particular en relación con Europa, donde la presión de las empresas no es tan grande como en EEUU.

Algunos críticos sostienen que pasar de los debates cuantitativos sobre la fijación de precios a los debates cualitativos sobre el poder de las empresas politizaría las leyes de la competencia. Pero Europa ya está adoptando una estrategia mucho más amplia para imponer restricciones a las grandes compañías tecnológicas empleando todo tipo de argumentos, desde el tradicional de que su enorme poder es perjudicial para los consumidores hasta otros más basados en valores como obligar a las plataformas a controlar y eliminar los mensajes de odio que se publican en ellas y a tratar a los trabajadores de manera justa.

Estos argumentos no van en contra del libre mercado ni son anti-americanos, aunque ambos han sido usados por Donald Trump y ejecutivos del Silicon Valley. Estos últimos tratan de escudarse en las reivindicaciones de la libertad de expresión para evitar la derogación de la laguna jurídica conocida como artículo 230, que les permite ganar muchísimo dinero con la publicidad y actuar como compañías de medios de comunicación sin asumir la responsabilidad de los contenidos que publican. El miércoles el Departamento de Justicia pidió al Congreso que reduzca el alcance de esa exención.

De hecho, Barry Lynn, periodista y fundador del Instituto de Mercados Abiertos con sede en Washington D.C., argumenta en su nuevo libro que en la historia de EEUU se han realizado numerosos esfuerzos para controlar el poder de las empresas. Lynn, que ha trabajado con republicanos de EEUU y tories de Reino Unido, y ha colaborado en la elaboración de planes antimonopolio con demócratas como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, argumenta que los estadounidenses “se están dando cuenta del papel fundamental que desempeña la política antimonopolio en la protección de la democracia y la libertad”.

Según Lynn, no necesitamos ni una guerra con China ni otro nuevo Green New Deal para reducir el desequilibrio de poder entre los trabajadores y el capital, sino más bien un retorno al escepticismo sobre el poder corporativo que dio lugar a la Revolución Americana. Aunque el Motín del Té de Boston de 1773 se considera habitualmente como una revuelta fiscal, Lynn argumenta que también fue una guerra contra la capacidad de la British East India Company para controlar el comercio en las colonias.

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A principios del siglo XX, la preocupación por los efectos corrosivos del poder corporativo llevó a Louis Brandeis, “abogado del pueblo” y más tarde juez del Tribunal Supremo de EEUU, a luchar contra las empresas ferroviarias y otros oligarcas. Estaba preocupado no porque el precio de los billetes fuera demasiado alto, sino porque las empresas tenían tanto poder político y controlaban tanto la economía que ya no era posible que los ciudadanos de a pie trabajaran, compitieran y tuvieran éxito por sus propios medios y en sus propios términos. Como señaló en El dinero de los demás: “Mucho más grave que la supresión de la competencia es la supresión de la libertad industrial, de hecho, de la propia hombría”.

Los políticos actuales deberían considerar no sólo si las recientes fusiones de grandes compañías tecnológicas son legales, sino también si en bien del interés público necesitamos regular a los gigantes digitales como si fueran empresas de servicios públicos u operadores tradicionales como compañías de telecomunicaciones o de ferrocarriles.

A medida que el dinero de los estímulos federales se agota y la crisis de la Covid-19 continúa, es probable que lleguemos a una cifra récord de quiebras y desapariciones de pymes, compañías que crean la mayoría de los nuevos empleos en el sector privado de EEUU. Al mismo tiempo, cinco gigantes digitales, Amazon, Alphabet, Apple, Facebook y Microsoft, constituyen actualmente casi una cuarta parte del valor del índice S&P 500. Puede que nos den muchas cosas “gratis”, pero no pueden emplear a suficiente gente para sostener a la mayor economía del mundo. Esperemos que los argumentos del Departamento de Justicia sean grandes y amplios en lugar de discretos y tecnocráticos. El problema seguramente es ese.

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