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El regulador británico ordena la mayor reestructuración de la industria en décadas.

Las cuatro grandes consultoras de Reino Unido (las Big Four) tienen de plazo hasta 2024 para separar sus prácticas de auditoría en Reino Unido, debido a una orden del Consejo de Información Financiera (FRC, según sus siglas en inglés) del país. Esta medida constituye el mayor cambio en el sector en décadas.

El FRC ha establecido 22 principios para la separación operativa de las divisiones de auditoría de las Big Four: PwC, Deloitte, KPMG y EY. Las empresas deben presentar sus planes para cumplir los nuevos principios del FRC a finales de octubre, y ponerlos en práctica en junio de 2024.

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Éste es el primer gran cambio estructural en el sector tras una serie de modificaciones motivadas por la quiebra de la empresa británica de subcontratación Carillion en 2018. Además, los colapsos de otras compañías importantes como BHS, Thomas Cook y Wirecard han incrementado aún más la presión sobre las auditoras.

Según los nuevos principios del FRC, las empresas deben pagar a los auditores de acuerdo con los beneficios que generen sus auditorías, las finanzas de la división de auditoría deben ser independientes del resto de la empresa, y debe haber un consejo de auditoría independiente que supervise la práctica.

Jon Thompson, el consejero delegado del FRC, ha declarado que estos cambios representan “un gran paso adelante en la reforma del sector de la auditoría”.

Las Big Four obtienen aproximadamente el 20% de sus ingresos de sus actividades de auditoría. Este porcentaje ha bajado en los últimos años debido al gran aumento de sus labores de asesoría.

Subvenciones cruzadas

El objetivo de los nuevos principios es mejorar la calidad de las auditorías y la confianza en ellas al garantizar que “no haya subvenciones cruzadas entre la práctica de la auditoría y las actividades del resto de la empresa”, según el FRC. Pero el FRC no ha llegado a exigir que a los auditores se les pague únicamente con el dinero que generan sus auditorías, sino que ha señalado que dichos pagos “no deben ser siempre superiores a los beneficios que generan” y que los auditores “deben trabajar para satisfacer los intereses de las entidades auditadas y la sociedad en general”. Expertos del sector habían recomendado que los pagos de los auditores procedieran sólo del dinero que generan sus auditorías para evitar conflictos de intereses con los consultores.

Actualmente, las normas del FRC son de cumplimiento voluntario, pero se prevé que en el futuro sean más estrictas. El FRC ha declarado que “controlará que las auditoras cumplan los nuevos principios y actuará si ve que no lo hacen”.

KPMG y Deloitte se han mostrado a favor de las medidas para la separación operativa de sus divisiones de auditoría y han declarado que restaurarán la confianza en sus auditorías.

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