Ley de Emprendedores, insuficiente para atraer inversiones en startups argentinas
El Poder Ejecutivo argentino presentó un proyecto de ley que busca promover la creación de empresas, facilitar trámites de constitución e impulsar el financiamiento para micro, pequeños y medianos emprendimientos.
El nuevo paquete de leyes tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país así como la generación de capital. La iniciativa plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que permitirá la constitución de sociedades por acciones de un solo socio, abrir una empresa, sacar un CUIT (identificación tributaria) y abrir una cuenta bancaria, todo en 24 horas, llevar su contabilidad online y acceder al “crowdfunding” como sistema de financiamiento colectivo, como puntos destacados. Esta figura, además, le otorgará a los emprendimientos una mayor agilidad en sus estatutos, objeto y hasta composición accionaria que a su vez, van a dinamizar sus procesos de creación, crecimiento y captación de capital.
Sin embargo, hay ciertos aspectos de la ley que merecen ser revisados para que el país efectivamente pueda impulsar y retener el talento emprendedor y atraer los tan deseados inversores. “La pregunta que hay que formularse es si esta ley alcanza para atraer inversores o incentivar a emprendedores argentinos a mantener sus proyectos en el país y no emigrar a los Estados Unidos o Europa. La respuesta claramente es no”, explica Sebastián Siseles, emprendedor argentino, abogado y Director de Freelancer.com, portal de empleo independiente con más de 21 millones de usuarios.
Una de las mayores preocupaciones radica en que la creación de empresas bajo este paraguas podría disparar el armado indiscriminado de emprendimientos financiados parcialmente por el Estado sin ninguna guía o clara proyección, y el Estado debe estar especialmente atento a esto para que el financiamiento sea transparente, pero por sobre todo, verdaderamente eficiente. “En mi opinión es muy importante que el Estado no cumpla el rol de financista. Además, siendo el Estado el que co-invertiría en proyectos, ¿cómo nos garantizamos la idoneidad y experiencia de las personas que decidan a dónde van los impuestos como así también la transparencia del proceso de selección de las empresas a ser invertidas? El Estado debe cumplir sus funciones primordiales: seguridad, salud y educación, además de intervenir ante las inequidades en favor de los más necesitados. Crear fondos de inversión y financiar emprendimientos privados escapa a su objeto”, sostiene Siseles.
La creación de startups implica un proceso de creatividad, innovación, velocidad y mezclar al Estado resulta incongruente para Siseles. El emprendedor considera que el Estado debería relacionarse de otra manera con la comunidad emprendedora, principalmente a través del fomento el desarrollo de estas empresas prestando espacio, asesoría, estructura, conectividad, incentivos impositivos, pero no fondos. A su vez explica que el financiamiento en startups tiene un ratio de fracaso altísimo.
Para Siseles, la pregunta que hay que hacerse para resolver el enigma de si los fondos de inversión que invierten sistemáticamente más de 3 o 5 millones de dólares en startups estarían dispuestos a radicarse o invertir en startups radicados en la Argentina es: ¿Es el sistema legal, judicial e impositivo argentino lo suficientemente atractivo para que inversores del exterior apuesten no solo al talento argentino, sino a empresas creadas en la Argentina y mantenerlas allí? En opinión del emprendedor, con cerca de 85 impuestos que pueden ser aplicados en el país, y con juzgados abarrotados de expedientes que hacen que hasta causas simples demoren años, la respuesta es no.
