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(Colombia) El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, estableció que los operadores de servicios de telefonía móvil, aquellos que se adjudicaron los contratos de concesión y las licencias de operación antes de 1998, están obligados a regresar el espectro y la infraestructura instalada al Estado.

Claro y Movistar tendrían que devolver la infraestructura para entrar en un nuevo proceso de negociación y reiniciar sus operaciones en el espectro y la infraestructura que venían administrando.

Para el presidente de la Corte, si esto no sucede, se verían beneficiados al ostentar una posición dominante en el mercado, poniendo en riesgo el acceso en igualdad de condiciones de otros potenciales oferentes. Es por esto que deben respetarse las cláusulas de reversión en las condiciones inicialmente pactadas, privilegiando el interés público, a cuya protección el Estado no puede renunciar en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
 

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