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El Gobierno argentino promulgó la Ley 27.570, de Economía del Conocimiento, sancionada el 8 de octubre pasado, a través del Decreto 818/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial.

La normativa busca alentar la generación de nuevos emprendimientos o mejoras de los servicios que brindan estas empresas de tecnología, con la promoción de beneficios fiscales que se otorgarán en forma segmentada.

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De acuerdo con lo establecido por la ley, sancionada el 8 de octubre pasado por la Cámara de Diputados, el régimen de promoción estará vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las actividades comprendidas son la industria del software; la producción audiovisual en formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.

Se podrán adherir las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país.

El texto de la iniciativa establece que las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan pagado, y tendrán tiempo para utilizarlo “hasta 24 meses desde su emisión para la cancelación de tributos nacionales”, a excepción del impuesto a las Ganancias.

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Dicho bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Por otra parte, la normativa establece que las empresas beneficiarias del sector gozarán de una reducción del impuesto a las Ganancias en un porcentaje que varía en función del tamaño.

El texto original que había girado Diputados preveía que ese beneficio de descuento de Ganancias fuera del 60% para todas las empresas, pero uno de los cambios que le hizo el Frente de Todos al proyecto en el Senado fue un esquema segmentado.

De esta manera, el 60% de descuento aplicará para las pymes y micropymes, al tiempo que la reducción será de 40% para las medianas y 20% para las más grandes.

Los beneficiarios deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las micro empresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.

Las empresas que inviertan en capacitar a desocupados menores de 25 y mayores de 45 años o mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, podrán computar por el doble de su valor.
Otro requisito que deben cumplir es realizar exportaciones de bienes de las actividades promovidas en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos 4% para las micro, 10% para las pymes y un 13% para las grandes empresas.
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