¿Qué políticas públicas son clave para que América Latina tenga una Internet similar a los países más desarrollados?

El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) publicó la segunda parte del informe ‘Desafío 2020’, centrado en el estudio del “Entorno para reducir la Brecha Digital” en Latinoamérica. El trabajo tiene como objetivo comparar y describir de qué forma los 11 países de la región analizados avanzan en generar un marco regulatorio estable y propicio; seguridad jurídica; un horizonte planificado y previsible en las asignaciones de espectro; un escenario que promueva la colaboración público privada y facilite el despliegue de infraestructura; y niveles tributarios simples y moderados. De acuerdo al estudio, las condiciones señaladas son las requeridas para facilitar las inversiones necesarias para el cierre de la Brecha Digital en nuestra región.

En 2013 se presentó el informe “Latinoamérica. Desafío 2020. Inversiones para reducir la brecha Digital”, cuyo fin era estimar el valor de las inversiones en redes fijas y móviles para que 11 países de la región redujeran al máximo la distancia que los separaba de los países más desarrollados, en términos de penetración de servicios de telecomunicaciones. El informe calculaba que en la región serían necesarios entre 2013 y 2020 aproximadamente US$ 400.000 millones de inversión en redes fijas y móviles. Adicionalmente, el estudio concluía que para generar un entorno que viabilizara dichas inversiones eran necesarias políticas públicas alineadas con el objetivo de maximizar el acceso.

La región ha avanzado mucho gracias al compromiso de los gobiernos y al esfuerzo inversor de las empresas, no obstante, aún la mitad de los latinoamericanos no accede a Internet. El principal signo del compromiso del sector público son los Planes de Tecnología de Información y Comunicación (Planes TIC). Los 11 países del informe cuentan con algún plan en curso, aunque los alcances son distintos. El compromiso del sector privado se observa principalmente a través de las inversiones en expansión de redes y en espectro. Entre 2013 y 2016, en el conjunto de los once países estudiados -teniendo en cuenta redes fijas y móviles- se estima que se han invertido cerca de US$ 80.000 millones incluyendo las adquisiciones de espectro.

Camino a seguir

Así, las políticas públicas tendrán que, en primer lugar, sostener el camino recorrido y corregir rumbos cuando sea necesario. En segundo lugar, deberán resolver temas como el avance hacia marcos regulatorios basados en el principio de la convergencia, reduciendo las presiones tributarias y poniendo a disposición de las operadoras mayores cantidades de espectro; la privacidad y la seguridad cibernética;  el uso del big data, y el desarrollo del IoT para mejorar la calidad de vida y transformar la matriz productiva. Se deberá pasar de la era de las TIC como instrumentos de entretenimiento e información a otra de las TIC como revolución tecnológica para la reconversión industrial y el desarrollo de la economía digital.