COMPARTIR:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Oi, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones de Brasil que esta semana pidió la protección judicial contra bancarrotas, indicó que de los BRL 65.400 millones (US$ 19.100 millones) adeudados por los que pidió la protección, solo BRL 1.650 millones (US$ 485,5 millones) corresponde a pasivos laborales y compromisos con proveedores.

Esto significa que la carga de la renegociación debe ser con los tenedores de deuda de la compañía, aunque habrá impactos en la cadena de suministro. Existen proveedores a quienes Oi les debe dinero y entraron en la fila del proceso de recuperación judicial.

Oi, a su vez, explicó que continuará la operación de su negocio de manera normal y regularizará los pagos que no han ingresado a la protección de quiebra.

La compañía también tiene deudas con el regulador Anatel por multas administrativas que totalizan BRL 10.600 millones (US$ 3.119 millones), aunque aún no está claro si esa deuda se acogerá a la protección judicial. La legislación sobre quiebra no incluye las deudas tributarias, pero no está claro cómo Oi considera estas deudas administrativas.

COMPARTIR:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NO COMMENTS

DEJAR UN COMENTARIO