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El martes, unos 500 taxistas brasileños se concentraron frente a la Cámara de San Pablo para presionar por un proyecto de ley que prohíba el servicio de Uber en la ciudad. Y se enfrentaron con manifestantes del MBL (Movimiento Brasil Libre), quienes estaban a favor de la app de transporte. El resultado fue el esperado: Uber está prohíbido en San Pablo, la ciudad con mayor cantidad de habitantes de Brasil, con unos 12 millones de personas.

Las autoridades paulistas anunciaron este miércoles que la Policía Militarizada será la encargada de evitar el servicio de Uber luego de que la cámara declarara su ilegalidad, algo similar a lo que ocurrió en Europa. “El transporte público individual sólo lo puede hacer el taxi”, remarcó Jilmar Tatto, secretario municipal de Transporte, quien acusó a Uber de ejercer funciones ajenas de forma “clandestina” y “criminal”.

El transporte público individual sólo lo puede hacer el taxi“, recalcó Tatto durante su encuentro con representantes del gremio de los taxistas y un día después de que los concejales votaran a favor del veto a la aplicación en San Pablo. También investigarán si hay evasión impositiva. La Cámara de San Pablo determinó por 48 a 1 que el servicio es ilegal, aunque para que la medida tenga rigor definitivo se requieren una segunda instancia de votación y la aprobación del alcalde Fernando Haddad.

Si la medida entra en vigencia, la Policía Militarizada podrá detener a los particulares que brinden el servicio a través de Uber, que ya lleva un año operando en Brasil y se volvió popular durante la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Los detenidos podrán enfrentar una multa de 1.700 reales (unos 545 dólares) y la confiscación del auto.

Por su parte, Uber aseguró que los usuarios enviaron más de 200 mil correos electrónicos a los concejales para evitar la prohibición del servicio y que seguirá operando en cuatro ciudades brasileñas (Belo Horizonte, Brasília, Río de Janeiro y San Pablo) como lo viene haciendo hasta ahora, pues el servicio no fue declarado oficialmente ilegal.

Lo cierto es que es el choque de dos mundos, un antagonismo que supera a Brasil: el conflicto también se manifestó en Francia la semana pasada, pero anteriormente también en México y en Colombia. Los taxistas representan a lo tradicional, a lo que existe antes de Internet. Los manifestantes a favor de Uber reflejan un nuevo modelo basado en la tecnología. En el medio, los gobiernos no tienen una  reacción adecuada frente a los cambios originados por los nuevos modelos de negocio que promueve la tecnología.

El reclamo de los taxistas es cierto. Los conductores de Uber no cuentan con licencias profesionales ni evaluaciones que certifiquen su idoneidad frente al volante, y muchos de ellos ni siquiera tributan. Sus autos no tienen revisiones mecánicas frecuentes y cuentan con pólizas de seguros particulares, cuya cobertura no alcanza el uso de vehículo para transporte de pasajeros. Solo requieren un auto y un usuario de Uber, por eso sus precios son mucho más bajos.

Pero los culpables tampoco son los “choferes 2.0”. El problema reside en que no existe una regulación para transportar pasajeros a través de Internet, como sí lo está (al menos, en parte) el comercio electrónico. En caso de accidentes, ni el conductor ni los pasajeros estarán cubiertos por e seguro al usar un vehículo que no fue asegurado para tal fin. Y una licencia de conducción profesional permite certificar la salud físico-psicológica del chofer, algo que el usuario desconoce, pero pondría en riesgo su integridad fisica. El usuario final es el principal afectado en esta disputa y muchas veces sólo ve el precio o la comodidad de usar Uber. Allí es donde los gobiernos deben estar para protegerlo.

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